Para exigir el pago de los predios que fueron afectados con la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, decenas de ejidatarios de la delegación toluqueña de San Buenaventura se manifestaron este lunes, pues aseguran que existe un adeudo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de que tienen un amparo para impedir que se reanuden las obras como fue anunciado hace unas semanas.
Miguel García Conejo
La protesta inició desde las 06:30 de la mañana de este lunes, cuando 200 ejidatarios y pobladores del núcleo indígena de Toluca bloquearon la avenida Las Torres en el cruce con Carranza, dos de las principales vialidades de Toluca.
Rubén García, secretario del Comisariado Ejidal de San Buenaventura, puntualizó que los predios afectados tienen un área de 96 mil metros cuadrados, partiendo de la avenida Reyes Heroles a la calle de Laguna del Volcán, y resaltó que existen daños por el paso del tren en la zona.
Reprochó que, a la fecha, que no hay un diálogo con la dependencia por lo que se mantendrán en plantón indefinido, esto luego de la reactivación del megaproyecto, el supuesto pago al resto de los ejidos afectados y la omisión en su caso por la afectación generada.
“Exigimos realmente dentro de esta marcha pacífica, tenemos este amparo mientras no se nos pague o no se nos indemnice de alguna manera; hasta que no se nos pague, no vamos a dejar este plantón, de una manera que nuestros ejidatarios obtengan también un pago por parte del gobierno de ese proyecto millonario”.
Asimismo, los inconformes revelaron que son 283 los ejidatarios afectados, quienes ya tramitaron un amparo ante la instancia federal para la suspensión de planos e indicó que las afectaciones son en el tramo comprendido entre la calle Jesús Reyes Heroles y Laguna del Volcán.
“No es posible que ya van a echar arrancar el tren y no nos han pagado, llevamos cuatro años y nada”, añadieron, aunque no precisaron el monto de lo que la SCT les adeuda.
Cabe recordar que las obras del Tren Interurbano fueron reanudadas el pasado 12 de diciembre, luego de que la SCT concluyera que no existen impedimentos legales para su interrupción.
(Foto: Nitzi Sotres)
