La política criminológica que tenemos en México está minimizada a mantener el orden social, mediante la creación de tipos penales y el incremento de penas, pero no previene los delitos.
Miguel García Conejo
A decir de Rigoberto Estrada Chávez, doctor en Derecho e investigador del Colegio de México, esta condición ha derivado en que crezca la percepción ciudadana referente a que la impunidad y la ineficiencia que caracterizan al sistema de justicia penal, esto exacerba en gran medida la criminalidad.
El también experto en seguridad pública, justicia penal consideró legítimo reclamo ciudadano de que se esclarezcan asuntos y se ponga solución a la situación e inseguridad, toda vez que se estima que de cada 12 delitos que se denuncian, en tan sólo tres de ellos se integran completamente las averiguaciones previas correspondientes.
Con ello, únicamente dos se consignan ante un juez, lo que tiene como consecuencia que 98 por ciento de los delitos queden impunes.
“Quienes buscan endurecer las penas, por lo general pretenden que estas sean ejemplo, es decir, que correspondan con el daño causado y que inhiban a otros a incurrir en conductas similares, mandando un mensaje de que el que la hace la paga y la paga con todo el peso de la ley”.
El aumento de penas, indicó se ha convertido en una de las tentaciones más recurrentes de la clase política; es decir, proponer penas más severas, partiendo de la falsa premisa de que ello solucionará en automático, el fenómeno delincuencial.
Sin embargo, muchas de las reformas de este tipo han sido impulsadas en el país; por ejemplo, la relativa a la prisión vitalicia para secuestradores, castración química a violadores, régimen procesal de excepción a miembros de la delincuencia organizada y cárcel a quien acose a una mujer en el transporte público, pero afirmó no han funcionado.
(Foto: Redes)
