Leonor Sánchez

La administración municipal de Toluca presenta pasivos por laudos, indemnizaciones y juicios en trámite por 435 millones 94 mil 905 pesos, según revela el informe mensual sobre pasivos laborales que presentó ayer el presidente Juan Maccise Naime a los integrantes del Cabildo.

Ante lo cual, el décimo regidor Mario Alberto Hernández Cardoso pidió “no bajar los brazos” y que la administración municipal haga un último esfuerzo para atender la responsabilidad laboral.

En ese sentido, propuso incluir los adeudos laborales en el próximo presupuesto para que la administración entrante 2025-2027, reconozca la responsabilidad y se pague a los ex trabajadores municipales.

En el informe que Maccise Naime presentó al Cabildo que el Ayuntamiento tiene radicado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje mil 199 expedientes laborales, de los cuales 641 corresponden al periodo 2009-2021 y 558 al periodo 2022-2024.

Además 251 expedientes de asuntos laborales que se encuentran en la etapa de laudos firmes, que representan un contingente económico de 76 millones 580 mil 223 pesos.

Durante octubre, dijo, se registraron 37 bajas, terminación y rescisión de las relaciones laborales independiente de su causa; en siete casos se llegó a un convenio con el trabajador a efecto de no reservarse acción legal alguna contra el municipio, y 30 se encuentran en trámite de negociación.

Hernández Cardoso pidió perdón a los trabajadores del Ayuntamiento por no poder detener la ”masacre arbitraria de despidos”, por no poder evitar que les quitaran y pisotearan sus prestaciones laborales, justificando todo ello con que todo era en aras de un “saneamiento de las arcas municipales”  

El edil consideró que los adeudos que mantienen con los exempleados municipales, los despidos injustificados y todas las acciones contra los trabajadores fueron decisiones administrativas mal tomadas.

“Los adeudos con trabajadores municipales, derivado de despidos y cambio de régimen laboral, son un cúmulo de irresponsabilidades y omisiones de varias administraciones, pero no sólo es un tema financiero, sino de justicia laboral, y ética profesional”.

Como servidores públicos, dijo, tienen el deber de garantizar los derechos laborales de quienes han dedicado tiempo y esfuerzo, no se puede ignorar que la estabilidad del hogar del trabajador está en riesgo debido a la falta de pago

Ignorar esta situación, afirmó, no sólo afecta al trabajador sino la estabilidad institucional, exponiendo al ayuntamiento al mayor desprestigio ante la ciudadanía.

(Foto: Especial Portal)