Martha Romero 

Tan solo de 2025 a febrero de 2026, más de 96 millones de pesos obtuvieron los involucrados en la presunta red de venta de plazas en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), donde cada involucrado recibió aproximadamente 4 millones de pesos quincenales, más otras prestaciones como aguinaldo, prima vacacional y bonos.

Sin embargo, dichas cantidades podrían actualizarse de forma retroactiva hasta el 2021, en caso de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acredite que dichas conductas ilícitas se realizaban desde entonces.

Además de los recursos obtenidos, los investigados se beneficiaron al asignarse una o más plazas de docentes con salarios de aproximadamente 50 mil pesos mensuales, las cuales mantenían con licencias irregulares que ocupaban con efectos jubilatorios o en caso de perder su cargo de confianza. 

Entre los investigados destacan dos exsubsecretarios, dos exdirectores generales, dos exdelegados administrativos, un excoordinador de delegaciones, dos delegados administrativos, un coordinador de delegaciones, dos directores de área y cinco subdirectores, quienes laboraron en la Secretaría de Finanzas, en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Seguridad, así como en las actuales Oficialía Mayor y en la SECTI. 

De acuerdo con la dependencia que investiga la presunta red integrada por exfuncionarios, servidores públicos en activo y particulares, desde 2021 utilizaron plazas de docentes para desviar recursos públicos a través de irregulares en la nómina estatal, causando un detrimento al erario de la Administración Pública y del patrimonio del Gobierno del Estado de México.

La FGJEM informó que hasta el momento han sido detenidos 33 presuntos implicados, de los que 26 ya fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad y fraude, mientras está pendiente de resolverse la situación jurídica de un investigado más. Otros 5 promovieron juicio de amparo.

De los 33 investigados, seis son exservidores públicos: Óscar ‘N’, Sergio Andrés ‘N’, Alfredo ‘N’, Felipe ‘N’, Fredy ‘N’ y Yesica ‘N’. mientras que Juan Alberto ‘N’, Araceli ‘N’, Yunuen ‘N’, Fabiola Lidia ‘N’, Christopher ‘N’, Diego Emmanuel ‘N’, David ‘N’, Daniel ‘N’ y Jair ‘N’, eran trabajadores en activo de la Oficialía Mayor. 

Los 11 servidores públicos detenidos adscritos a la SECTI son Daniel Arturo ‘N’, Alejandra ‘N’, Ángel Fernando ‘N’, Anel ‘N’, Yuritzi Lucero ‘N’, Norma del Carmen ‘N’, Ericka ‘N’, Orlando ‘N’, Jorge Emanuel ‘N’, Óscar ‘N’ ‘N’ y Alan Israel “‘N’, así como Diana Paola ‘N’, servidora pública de la Secretaría del Bienestar y Sabina ‘N’, una de las falsas docentes. 

Mientras que los cinco investigados aún no son vinculados a proceso son Jaime Noé ‘N’, Eduardo ‘N’, Erick Jonathan ‘N’, José Ernesto ‘N’ y Areli ‘N’, quienes presentaron juicio de amparo indirecto contra la orden de aprehensión que existe en su contra.

Las penas que podrían alcanzar los involucrados podrían ser entre 10 y 26 años, pero éstas podrían acumularse por cada acto delictivo y sería sancionado por cada alta irregular.

Cabe señalar que durante febrero y mayo el Gobierno del Estado de México, a través del representante legal de la SECTI, denunció hechos posiblemente constitutivos de delito relacionados con 459 movimientos de alta de personal en plazas de docentes, tras percatarse que los supuestos servidores públicos no ejercían función alguna.

(Foto: Especial Portal)