Martha Romero 

Tan solo en el proceso electoral de 2024 se registraron 215 quejas formales por violencia política en contra mujeres en razón de género, es decir, 42% del total desde su tipificación en 2020, informó Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). 

Añadió que detrás de este número agregado hay cientos de historias, candidatas amenazadas, funcionarias desacreditadas, mujeres electas silenciadas, siendo el común denominador las mujeres juzgadas por su género y no por sus ideas. 

Resaltó que los patrones son preocupantes, ya que la mayoría de las agresiones se concentran en el ámbito municipal, justo en el espacio más cercano a la ciudadanía, pero también el más vulnerable, ya que muchas de las víctimas son regidoras o candidatas, es decir, mujeres que están en la primera línea de la vida política. 

Del otro lado, dijo, aún persiste una brecha importante entre la violencia ejercida y las sanciones, aunado a que el anonimato en redes sociales todavía es un refugio para que las agresiones queden impunes y, aunque hay avances en los marcos normativos, todavía hay pendientes en su implementación que solo aplica en el pequeño número de casos que llegan a consolidarse en queja o denuncia formal.

No obstante, reconoció que México ha sido pionero en la construcción de respuestas institucionales desde reformas constitucionales en materia de paridad, mecanismos de alternancia de género, inscripción de candidaturas, registro público de personas sancionadas, criterios como la 8 de 8 y herramientas de monitoreo que hoy son referencia internacional.

Pulido Gómez enfatizó que el desafío ya no está en reconocer que el problema existe y debe ser normado, sino en hacer que las herramientas diseñadas e implementadas funcionen plenamente para que las mujeres participen en política. 

Añadió que la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es profundamente democrática porque cierra la brecha a las mujeres que han atravesado esos procesos y defiende a quienes enfrentan violencia, por lo que es en última instancia quién defiende la integridad del sistema político electoral y su necesaria pluralidad. 

Resaltó que la violencia política contra las mujeres no es sólo un problema para este sector de la población, sino para la democracia misma, por lo que su erradicación es una condición indispensable para que el sistema político sea representativo y justo. 

Por último, indicó que el objetivo debe ser desde las instituciones y con sororidad, con el fin de asegurar que la violencia se mitigue para que los beneficios de participar sean mayores que los costos de participar, además de garantizar que ser candidata y ejercer el cargo sea seguro, donde la democracia sea ese espacio en donde la heterogeneidad expanda el horizonte de lo público.

(Foto: Especial Portal)