Martha Romero 

La continuidad de 630 guarderías subrogadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está en riesgo ante la falta de ajustes en las cuotas que reciben por sus servicios, situación que podría dejar sin atención a cerca de 200 niñas y niños en todo el país.

Dicho impacto, afectaría a 22 mil familias en México y a 3 mil 500 en el Estado de México Poniente, con graves consecuencias para la organización familiar y la estabilidad laboral de los padres derechohabientes.

Elías Leonardo Dajer Fadel, presidente del Grupo Nacional de Trabajo de Guarderías, alertó que los contratos de estos centros concluirán el próximo 31 de diciembre de 2026 y ya solicitaron a las autoridades del IMSS nacional atender sus demandas antes de esa fecha para evitar la interrupción del servicio.

Tras señalar que no tiene intención de cerrar sus instalaciones, aseguró que el incremento de las exigencias operativas del Instituto no ha sido acompañado por un ajuste proporcional en los pagos que reciben por cada menor inscrito.

Indicó que entre 2018 y 2026 el salario mínimo pasó de 88 a 315 pesos diarios, un aumento de 357%, pero las cuotas que reciben por brindar el servicio de guardería apenas se incrementaron 44.4% durante el mismo periodo.

Destacó que actualmente reciben un salario de seis mil 222 pesos y les ofrecen un pago de seis mil 300 pesos, pero su propuesta es que necesitan un nivel de entre diez mil y 13 mil pesos para recuperar el 1.5 veces el salario mínimo que tenían en 2018.

Dajer Fadel resaltó que estas instituciones han cuidado durante más de 40 años a las hijas e hijos de madres y padres trabajadores que cotizan ante el IMSS, al ofrecerles alimentación, atención, vacunación y actividades para favorecer su desarrollo motriz y cognitivo.

Advirtió que, si los contratos no se renuevan y las demandas de los prestadores del servicio no son atendidas, las consecuencias irían más allá del cierre de los establecimientos, pues miles de niñas y niños se quedarían sin un espacio para su cuidado durante la jornada laboral de sus padres.

Ante este panorama, hizo un llamado para que las autoridades correspondientes consideren las consecuencias sociales de una eventual interrupción del servicio y actúen antes de que finalice el plazo contractual.

Alertó que, aunque no buscan suspender el servicio ni realizar marchas, podrían recurrir a cierres y movilizaciones con el apoyo de los padres de familia, ante la preocupación por lo que pueda ocurrir en los próximos 70 días y por la seguridad de los niños y su personal.

Por último, subrayó que los apoyos económicos y las promesas políticas no sustituyen el cuidado infantil que brindan estos centros, por lo que insistieron en la importancia de garantizar la continuidad de un servicio que consideran fundamental para las familias trabajadoras y la niñez mexicana.

(Foto: Especial Portal)