Martha Romero 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que, al cierre de 2024, en México había un 236 mil 773 personas privadas de la libertad, de las que 63.7% contaba con sentencia y 36.3% no. Mientras que el Estado de México fue señalado entre las entidades con 238.8 personas recluidas por cada 100 espacios disponibles.

Además, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 indica que la entidad concentra 35 mil 141 personas privadas de la libertad, lo que la convierte en el sistema penitenciario estatal más grande del país.

En este contexto, con el fin de establecer las bases para que el titular del Poder Ejecutivo otorgue la conmutación de la pena a personas sentenciadas por delitos del fuero común, el diputado Octavio Martínez Vargas, integrante de la bancada de Morena, presentó una iniciativa para abrogar la Ley de Indulto vigente desde 2016 y expedir la Ley de Indulto y Justicia Humanitaria del Estado de México.

Añadió que actualmente cuatro de cada 10 personas detenidas presuntamente han sido víctimas de la fabricación de delitos, además de que más de 40 mil personas se encuentran privadas de la libertad en 22 reclusorios mexiquenses.

Explicó que, partiendo de la realidad concreta de las cárceles y de los contextos de vida de las personas recluidas, la propuesta de ley redefine las causales, aclara el procedimiento, fortalece los órganos técnicos y establece garantías efectivas para las personas privadas de la libertad como para las víctimas y la sociedad en su conjunto.

Resaltó que parte de la propuesta proviene de las impresiones y preocupaciones de colectivos, familiares y personas privadas de la libertad que están a la espera de que el Poder Legislativo aporte elementos para encontrar una luz en el calvario que han enfrentado en los últimos años y durante el tiempo en que sus familiares han estado privados de su libertad de manera injusta.

Martínez Vargas resaltó que solo así el indulto dejará de percibirse como un gesto aislado de benevolencia y se consolidará como un instrumento excepcional, pero robusto para corregir los desajustes más graves entre la pena impuesta y los principios de dignidad, proporcionalidad e igualdad.

Indicó que la propuesta incorpora un catálogo moderno de causales, sustentado en evidencia objetiva, estándares nacionales e internacionales y criterios plenamente verificables, que permiten valorar situaciones de enfermedad grave, vejez, afectaciones irreversibles a hijas e hijos menores, vulneraciones documentadas al debido proceso, discriminación estructural, barreras lingüísticas y culturales, así como condiciones de vulnerabilidad acreditada.

Expuso que la propuesta podría beneficiar a personas con trastornos psiquiátricos que han perdido la cordura y no reciben tratamiento médico adecuado, estimando que son alrededor de 500, así como a aquellas con enfermedades terminales o graves, o que padecen diabetes avanzada o cáncer.

Añadió que se consideraría a adultos mayores en prisión, integrantes de comunidades indígenas cuyos derechos y acceso al debido proceso hayan sido vulnerados, y mujeres que hayan sido víctimas de fabricación de delitos o violaciones a sus derechos humanos.

Finalmente, dijo, los expedientes de indulto que, a la fecha de entrada en vigor de la ley se encuentren en trámite, deberán ajustarse a sus disposiciones en la etapa procesal en la que se encuentren, respetando las actuaciones ya realizadas y sin perjuicio de los derechos adquiridos de las personas promoventes.

(Foto: Especial Portal)