Martha Romero

A pesar de que el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) acreditó actos de violencia política en razón de género y ordenó a la administración municipal de San Felipe del Progreso garantizar las condiciones necesarias para que la síndica ejerza sus funciones, Patricia González Alcántara afirmó que las medidas no se han cumplido plenamente.

Recordó que, ante la negativa sistemática de proporcionarle información, documentación y recursos indispensables para cumplir sus responsabilidades de vigilancia, fiscalización de la hacienda pública y defensa del patrimonio municipal, promovió 31 juicios ante el TEEM, instancia que finalmente acreditó actos de violencia política en su contra.

Explicó que la resolución emitida el pasado 2 de julio responsabiliza al presidente municipal Jaime Torres Marín, así como al secretario del ayuntamiento, al tesorero y al director de Administración, por obstaculizar el desempeño de sus atribuciones como integrante del Cabildo.

Entre la documentación que, aseguró, le ha sido negada, se encuentran actas de Cabildo, presupuestos, cuentas públicas, informes trimestrales, información sobre participaciones, obra pública, nómina y patrimonio municipal.

Sostuvo que estos documentos son indispensables para cumplir las responsabilidades que la Ley Orgánica Municipal establece para la Sindicatura, por lo que rechazó que sus acciones respondan a un conflicto personal con el alcalde o a intereses políticos.

González Alcántara indicó que la obstrucción comenzó desde el inicio de la actual administración municipal y que, con el paso de los meses, las acciones en su contra se intensificaron, al pasar de la negativa de entregar información oficial hasta el retiro del personal adscrito a la Sindicatura.

Afirmó que esta situación la dejó sin colaboradores y sin herramientas básicas para desempeñar sus funciones, por lo que actualmente realiza prácticamente sola todas las actividades que corresponden a su cargo.

Asimismo, informó que permanece a la espera de la resolución del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), instancia ante la cual también presentó una denuncia por violencia política en razón de género.

Reiteró que la falta de acceso oportuno a la información limita el cumplimiento de sus obligaciones y, en consecuencia, afecta el ejercicio de las funciones que le fueron conferidas por la ley.

Finalmente, subrayó que continuará desempeñando sus funciones y promoviendo las acciones legales necesarias para garantizar su acceso a la información pública y exigir el cumplimiento de las resoluciones emitidas por las autoridades electoral.

(Foto: Especial Portal)