Martha Romero

Los comuneros del poblado de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac, cumplieron con su advertencia al cerrar y mantener el bloqueo de la carretera federal México-Toluca, hecho que ocurrió alrededor del mediodía con dirección a la Ciudad de México (CDMX), a la altura de La Marquesa. Sin embargo, ante la falta de acuerdos con la autoridad, alrededor de las 16:00 horas también decidieron cerrar el paso en sentido hacia la ciudad de Toluca. 

Exigen el pago de al menos 20 hectáreas que se utilizaron para el paso del Tren Interurbano El Insurgente, indemnización que presumen es de entre 500 y 600 millones de pesos.

Juan Gabriel Soler Zúñiga, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Jerónimo Acazulco, exigió que se cumplan los compromisos adquiridos por parte del gobierno federal para resolver esta problemática en torno al tren interurbano, el cual será inaugurado mañana a mediodía por el presidente Andrés Manuel López Obrador.  

“El compromiso no se ha cumplido en sus términos; se decía que ya se habían adquirido los predios y a nosotros nos afectó en un promedio de 20 hectáreas, por lo que están solicitando la correcta indemnización. De acuerdo con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales se habla de entre 500 y 600 millones de pesos aproximadamente; los propietarios son una comunidad agraria de más de dos mil comuneros”, añadió.

Recordó que se incorformaron desde la llegada de este proyecto en 2015, cuando el gobierno del priista Enrique Peña Nieto lo anunció y fueron visitados en su comunidad por muchos funcionarios de alto nivel para hablar de una posible liberación, comprometiéndose a varias acciones, entre ellas obras sociales para la comunidad y atender sus rezagos agrarios, “pero solo fueron puras mentiras”.

Además, Soler Zúñiga aseveró que los comuneros jamás aceptaron el proyecto, al que consideran “el tren de la corrupción”, ya que la indemnización de la superficie ocupada está basada en documentos falsos, afirmó.

Expuso que las autoridades se lavan las manos y dice que quien les autorizó es el dueño de la tierra, y en este caso quien se ostenta como dueña de la tierra es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con base en una declaratoria de expropiación de 1943 que no se ejecutó en sus términos, es decir, únicamente hubo la declaratoria, pero jamás el proceso indemnizatorio.

Finalmente, dijo que ellos poseen los títulos primordiales que los avalan como los auténticos propietarios desde el año 1521 y los respaldan las resoluciones presidenciales de dotación de la tierra.

Los comuneros amenazaron con permanecer en el lugar hasta que les den una solución definitiva a sus demandas.

Autoridades de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación dialogaron previo al cierre de la carretera federal con los manifestantes para persuadirlos de dicha acción, pero no llegaron a un acuerdo. 

(Foto: redes)