Martha Romero 

Derivado del operativo implementado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en 48 municipios mexiquenses por el acaparamiento y distribución ilegal de agua en pipas, transportistas que se dedican a la distribución del vital líquido a través de este mecanismo han bloqueado diversos puntos del Estado de México.

Asociaciones, cooperativas, empresarios y operadores independientes ya cerraron diversas vialidades con el fin de externar su inconformidad ante lo que consideran una "arbitrariedad" por parte de la Fiscalía Mexiquense porque no solo están cerrando pozos irregulares de agua potable, pues mediante el uso de la fuerza y abuso de autoridad colocaron sellos de aseguramiento a pipas que son su herramienta de trabajo para el transporte de agua.

En el Valle de México, entre los puntos en los que han cerrado la circulación con pipas con pipas, está la carretera Toluca-Tenango a la altura de San Miguel Totocuitlapilco, la Toluca-Naucalpan a la altura de Plaza en Santín, en la carretera México-Toluca a la altura de Las Plazas Outlet, en La Calzada al Pacífico a la altura de Colón, en avenida Las torres y la Adolfo López Mateos en Zinacantepec.

En el Valle de México los piperos también bloquearon la México-Querétaro en la caseta de Tepotzotlán; la México-Texcoco, en Los Reyes La Paz y en Chimalhuacán; la México-Pachuca, a la altura de El Vigilante; la México-Puebla, a la altura de Santa Martha, en el Puente de La Concordia; la avenida Central, a la altura del Metro Nezahualcóyotl, así como la vía Morelos, a la altura de La Costeña.

De acuerdo con los inconformes, no existen mecanismos claros de regularización ni permisos disponibles necesarios para ejercer dicha actividad.

"Rechazamos categóricamente la extracción ilegal o robo de agua, lo que buscamos es la regularización ordenada, transparente y funcional del sector bajo criterios que reconozcan el carácter social y laboral de nuestra actividad", señalaron. 

Además, dijeron, se manifestarán frente a las instalaciones de Palacio de Gobierno con el objetivo de establecer una mesa de dialogo con las organizaciones correspondientes para definir la regularización, permisos, acceso a pozos y plantas legalizadas de agua, entre otros puntos importantes para continuar con el abasto y suministro del vital líquido a donde el gobierno le es imposible cubrir.

Indicaron que no son delincuentes, sino transportistas de agua y cumplen con la función de llevarla para cubrir las necesidades de familias, escuelas, hospitales, comercios, obras y comunidades que carecen de abasto del vital líquido, por lo que están listos para regularizarse, cumplir con la normatividad, pago de derechos y colaborar con las autoridades.

Finalmente, indicaron que el agua es un recurso nacional, pero su distribución es una tarea social, por lo que son parte de la solución.

(Foto: Especial Portal)