Martha Romero

Datos de Amnistía Internacional señalan que el 97% de mujeres buscadoras ha enfrentado al menos una forma de violencia que incluye amenazas, extorsión, acoso, tentativa de secuestro y, en casos extremos, asesinato o desaparición, afirmó la diputada Ana Yurixi Leyva Pinón, presidenta de la comisión Para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.

Añadió que dicha violencia ha orillado a los padres de familia a sumarse a las acciones de búsqueda, aunado a la falta de atención e indiferencia de las autoridades, acción que hacen sin garantías mínimas de seguridad y muchas veces sin apoyo legal ni psicológico, mientras que las autoridades ignoran sus necesidades, incumplen la ley y, en algunos casos, las revictimizan o criminalizan.

Resaltó que para reconocer y proteger a familiares que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas, presentó una iniciativa para incluir en el glosario de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de México el término “padres y madres buscadoras”.

Mencionó que la iniciativa les define como “todo padre, mujer o grupo de mujeres que buscan de manera individual o colectiva a sus familiares desaparecidos en contextos de violencia”, ante la posible omisión del Estado, convirtiéndose en defensores de derechos humanos.

La también integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT) refirió que desde 1952, más de 128 mil personas han sido reportadas como desaparecidas, lo que se ha convertido en una crisis que no ha sido abordada con la responsabilidad que demanda, además de que en muchos casos se han generado vacíos institucionales que han obligado a las familias a asumir la dolorosa y peligrosa tarea de buscar a sus seres queridos.

Añadió que estas mujeres, madres, hermanas, hijas y esposas, salen a rastrear fosas y a recorrer territorios con presencia del crimen organizado, enfrentando amenazas, ataques y estigmatización.

Incluso, dijo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de prevención de los ataques y amenazas que enfrentó, lo que le impidió ejercer plenamente su derecho a defender los derechos humanos.

Reiteró que su propuesta considera importante que las autoridades mexicanas reconozcan públicamente el derecho a buscar para que los hombres y mujeres buscadores sean reconocidos por las instituciones de gobierno como defensoras de derechos humanos.

Señaló que a quienes participan en acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas se les debe brindar la protección del Estado para garantizar su seguridad e integridad física, psicológica y emocional durante las labores de búsqueda, acceso a medidas de protección y reparación integral, además de que se investiguen y sancionen todas las formas de violencia en su contra.

Finalmente, refirió que se deben adoptar políticas públicas con enfoque de género e interseccionalidad que aseguren condiciones dignas para la búsqueda; y que se les brinden apoyos reales en atención médica, psicológica y legal, y las medidas de reparación integral.