Martha Romero 

Hasta 10 años de prisión podrían enfrentar los servidores públicos encargados de procurar y administrar justicia que incurran en corrupción, omisiones, negligencia u obstrucción de investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra mujeres por razones de género, destacó la diputada Jennifer Nathalie González López, integrante de la bancada de Morena.

Tras la aprobación en el Congreso mexiquense de la iniciativa ‘Mariana Lima Buendía’, señaló que se busca incorporar en la legislación estatal la obligación de investigar las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género y establecer responsabilidades por la negación de justicia por razones de género.

Indicó que la reforma establece en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México que corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investigar con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas, bajo el protocolo del feminicidio.

Mientras que las adecuaciones en el Código Penal estatal contemplan penas de cuatro a 10 años de prisión, multas de 100 a 150 días, así como la destitución o inhabilitación para desempeñar el cargo cuando estas conductas perjudiquen el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación del daño.

González López refirió que la iniciativa contempla propuestas elaboradas por Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, para elevar a rango de ley algunos de los parámetros establecidos en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida el 25 de marzo de 2015 sobre el feminicidio de Mariana Lima.

“El dictamen señala que dicha sentencia permitió reabrir y analizar con perspectiva de género un caso que había sido archivado y considerado como suicidio, lo que permitió acreditar que se trató de un feminicidio”, señaló. 

Resaltó que a partir de este precedente, se busca establecer en la legislación estatal la obligación de investigar las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género y sancionar las conductas que impliquen una negación de justicia por razones de género.

Añadió que la modificación al Código Penal también busca proteger el derecho de las víctimas u ofendidos a la verdad, justicia y reparación del daño cuando una persona servidora pública incurra en actos u omisiones que obstaculicen una investigación o la administración de justicia.

Por último, mencionó que entre las principales deficiencias identificadas en investigaciones penales de feminicidio, están la pérdida de evidencias, la falta de exhaustividad en las investigaciones, así como la falta de comprensión y aplicación correcta de la perspectiva de género

(Foto: Especial Portal)