Martha Romero

Los integrantes de las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia con Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, aprobaron penas de hasta 16 años y sanciones de más de 90 mil pesos a quién cometa violencia sexual en contra de menores de edad.

El dictamen señala que estas sanciones se aplicarán a quienes hagan uso de tecnologías de la información y la comunicación o cualquier otro medio escrito, electrónico o de mensajería, por las que pretenda o logre concertar un encuentro o acercamiento físico con menores de edad para obtener concesiones de índole sexual o material audiovisual con contenido explícito.

La iniciativa de la autoría del diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, integrante de la bancada de Morena, establece que las penas serán de hasta ocho años de prisión y una multa de 45 mil 256 pesos para quien cometa este delito contra cualquier persona.

 Sin embargo, se elevarán al doble si el delito se comete contra menores de edad, personas que requieran apoyos para comprender el significado de los hechos, o contra quien demande apoyos extraordinarios, es decir, independientemente de que exista coacción, intimidación, hostigamiento, amenazas y engaños.

La iniciativa que reforma el Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Administrativo y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todos del Estado de México, establece de manera clara la aplicación del principio del interés superior de la niñez en todos los delitos cometidos contra estos grupos de la población.

A la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal le otorga un papel determinante en la valoración del perdón legal cuando las víctimas son menores de edad, además de integrar medidas para la protección de víctimas menores en coordinación con autoridades judiciales, de salud y procuración de justicia, con un enfoque integral, sin discriminación y sin revictimización. 

También obliga a las instituciones de salud a dar atención prioritaria e inmediata a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, con la obligación avisar a la Procuraduría de Protección y al Ministerio Público para la activación de medidas urgentes, además de fortalecer la atención psicosocial, jurídica y médica de las instancias estatales correspondientes para la restitución integral de derechos y la reparación del daño.

Martínez Zurita Trejo resaltó que la reforma coloca en el centro de atención a las niñas y niños y sus derechos, frente a la violencia, desigualdad, impunidad o abandono, pues cada medida es un paso más en la consolidación de una sociedad más justa y segura.

Mientras que sus integrantes coincidieron en mencionar que fortalecer el marco legal garantiza los derechos humanos de las personas menores y los grupos vulnerables, desde una visión de prevención y protección al considerar sanciones más severas a quienes los violenten.

(Foto: Especial Portal)