Martha Romero
Empresarios locales y representantes del sector turístico de El Oro denunciaron que debido al autoritarismo del gobierno municipal que encabeza la morenista Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, las perdidas económicas superan los 100 millones de pesos en el primer semestre del año, ello debido a clausuras, obras inconclusas y una política que ha desalentado la actividad económica.
Una de estas clausuras es la del restaurante Vagón Express Minero, por lo que sus concesionarios Emilio Bringas Guedea y Vanessa Alcántara Ruíz, señalaron que el pasado 10 de junio, autoridades de Protección Civil acudieron al lugar acompañados por elementos de la policía municipal y de la Guardia Nacional, para realizar una inspección y suspender el servicio.
Resaltaron que les señalaron supuestas irregularidades administrativas y la presunta realización de peleas de gallos dentro del vagón, lo cual es absurdo por las dimensiones del lugar, además de que no les otorgaron ningún plazo para subsanar las observaciones, por lo que cerraron el lugar en cuestión de horas.
Tras señalar que los trataron como delincuentes y que llevan 22 años operando legalmente, pagando impuestos, generando empleo y creando un corredor turístico, denunciaron irregularidades en los documentos oficiales como notificaciones sin firmas, fechas alteradas y un desconocimiento general del marco legal por parte de las autoridades municipales.¿
Refirieron que la clausura del Vagón ha dejado a 12 personas en incertidumbre laboral directa, además de que ha detenido por completo la actividad en su entorno porque hay cafeterías, restaurantes, bares, puestos de artesanías y tranvías turísticos que dependen del flujo de visitantes a este lugar y hoy están paralizados.
Pero, además, denunciaron la cancelación de eventos deportivos como el torneo mexiquense de básquetbol que habría atraído a más de 100 equipos, por lo que tan solo en un fin de semana se perdió una derrama económica superior a los 30 millones de pesos.
Antonio Valdés Recillas, profesor jubilado, relató que la alcaldesa ha ejercido un control absoluto del municipio desde su llegada al cargo, como la demolición del antiguo Cuartel Militar ignorando órdenes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la modificación ilegal del Palacio Municipal al ignorar sistemáticamente las recomendaciones de conservación del patrimonio.
Indicaron que ya levantaron las denuncias correspondientes ante el INAH, el Tribunal Administrativo Contencioso y otras instancias por posibles violaciones a la ley en el manejo del patrimonio, así como por abusos de autoridad, por lo que exigieron la intervención de instancias estatales y federales.
Finalmente, responsabilizaron a la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza de cualquier acto de intimidación o represalia, pues ya no quieren callar más ante su autoritarismo.
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