Martha Romero 

Integrantes del sector joyero del Estado de México denunciaron que la Secretaría de Finanzas estatal pretende exigirles un pago anual adicional de 30 mil pesos por concepto de “regularización”, además de ciertos requisitos que competen a comercializadoras o casas de empeño, medida que consideran ilegal y recaudatoria. 

James Edward Marín Noriega, presidente del Patronato Pro-Centro Histórico, añadió que la dependencia estatal les envió cartas-invitación a los negocios de joyería y les concedió 15 días hábiles para regularizarse, con base a la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, o serán objeto de inspecciones, requerimientos y multas que establece el Código Financiero estatal.

“Se le extiende una atenta invitación para que regularice su situación administrativa e informe sobre su complimiento en el término de 15 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente, porque de no ser así esta autoridad en el ejercicio de sus facultades podrá emitir requerimientos o realizar revisiones e inspecciones”, indicó, es lo que señala el documento enviado por el área de Regulación del Gobierno Estatal. 

Marín Noriega añadió que los integrantes de este gremio están preocupados por la aplicación de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, además de que inspectores de la Secretaría de Finanzas emprendieron una campaña de acoso tributario, que más bien parece una extorsión, y son objeto de presuntos actos de hostigamiento y amedrentamiento.

Resaltó que en la entidad existen alrededor de dos mil 500 joyerías al menudeo y sus propietarios no se oponen a la regulación ni a la fiscalización de las autoridades, pero los requisitos solicitados son excesivos y no corresponden a la realidad de los pequeños negocios dedicados a la venta de joyería.

Mientras que José Antonio Martínez García, representante de la Unión de Joyeros del Centro de Toluca, indicó que durante el fin de semana fue instalado un módulo informativo en la calle de Juárez para notificarlos sobre los nuevos lineamientos y permisos para iniciar con el proceso de cobro.

Esto, dijo, generó incertidumbre entre los comerciantes, quienes calificaron este procedimiento como un acto de extorsión que, si bien está justificado por la ley, no le corresponde aplicarlo al gremio del sector joyero. 

Señaló que esta actitud intimidatoria afecta considerablemente a quienes se dedican a la venta de joyería al menudeo, ya que significa un duro golpe a sus finanzas y el cierre de varios negocios o volverse informales. 

Para finalizar, lamentó que prevalezca una sobrerregulación para el sector formal dado de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con licencias de funcionamiento.

(Foto: Martha Romero)