Martha Romero 

El sistema penitenciario del Estado de México cuenta con un registro de dos mil 655 mujeres presas, de las que 943 aún no reciben sentencia y mil 712 ya cuentan con una penalidad.

Además de que, en los cinco años en vigor del beneficio de la amnistía en la entidad, de las tres mil 128 liberaciones, apenas 201 han sido para el sector femenino.

Por ello, con el propósito de que las mujeres que han recuperado su libertad no enfrenten solas el proceso de reconstruir su vida, la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez, integrante de la bancada de Morena, propuso adiciones a la Ley de Desarrollo Social estatal para incorporar a las mujeres en proceso de reinserción social como grupo de atención prioritaria.

Añadió que incluye a quienes han sido privadas de la libertad y posteriormente han recuperado su libertad, para que accedan de forma preferente a programas de desarrollo social, capacitación para el trabajo, empleo, atención psicoemocional y acciones de fortalecimiento comunitario.

Señaló que la reinserción social efectiva representa uno de los grandes retos del Estado mexicano y, particularmente, del Estado de México, pues las acciones de liberación anticipada, amnistía o revisión de sentencias resultan insuficientes si no van acompañadas de políticas públicas integrales que atiendan las condiciones sociales, económicas y emocionales de las personas liberadas.

Advirtió que muchas mujeres que salen de prisión enfrentan una doble carga, por un lado, las condiciones de pobreza, violencia, abandono o vulnerabilidad que pudieron marcar su vida antes de la reclusión, y, por el otro, el estigma social y laboral derivado de su antecedente penitenciario.

Santos Rodríguez explicó que esta situación dificulta su reincorporación familiar, comunitaria y productiva, además de incrementar el riesgo de reincidencia cuando no existen redes de apoyo, acompañamiento institucional, atención emocional ni oportunidades reales de capacitación y empleo.

Indicó que si bien la Ley de Desarrollo Social del Estado de México ya establece grupos y sectores que requieren atención especial, no contempla a las mujeres en proceso de reinserción social, lo que limita la posibilidad de diseñar, focalizar y evaluar políticas públicas dirigidas a este sector.

Subrayó que la reforma también busca fortalecer la coordinación entre el Gobierno estatal y los ayuntamientos, para que, en el ámbito de sus atribuciones, adecuen sus programas y acciones de desarrollo social en favor de este sector, sin que ello implique la creación de nuevas obligaciones presupuestales.

“Reconocer a las mujeres en reinserción social como grupo prioritario no sólo es un acto de justicia social, sino también una medida de prevención, cohesión comunitaria y construcción de segundas oportunidades”, concluyó.

(Foto: Especial Portal)