Martha Romero
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas determinó que hubo graves violaciones a los derechos humanos de Juan Carlos Ramírez Michaca y solicitó al Estado mexicano su liberación inmediata y la reparación integral del daño.
Su familia y organizaciones civiles exigen al Poder Judicial del Estado de México resolver la solicitud de amnistía que permanece pendiente.
Ramírez Michaca, mecánico originario de Ecatepec lleva 21 años privado de la libertad, luego de ser detenido en circunstancias irregulares y condenado a 140 años de prisión por homicidio, por lo que fue solicitada su liberación inmediata, al concluir que su detención fue arbitraria y que durante el proceso fue víctima de tortura física y psicológica.
Mediante la Opinión 49/2026, dada a conocer el pasado 12 de noviembre, el organismo internacional documentó diversas violaciones a sus derechos humanos, entre ellas la falta de una orden judicial para su detención, la imposición automática de prisión preventiva, la utilización de pruebas ilícitas para condenarlo y la ausencia de una defensa adecuada.
Asimismo, señaló que las autoridades judiciales omitieron investigar oportunamente las denuncias de tortura y atender las irregularidades cometidas durante su detención, por lo que consideró que el proceso estuvo desprovisto de las garantías necesarias para un juicio justo.
Ante estos hallazgos, el GTDA instó al Gobierno mexicano a poner fin a la privación arbitraria de la libertad de Juan Carlos, garantizar su liberación inmediata y otorgarle una indemnización y otras medidas de reparación. También solicitó una investigación exhaustiva e independiente para identificar y sancionar a las personas responsables.
El pronunciamiento internacional se suma a las acciones de organismos nacionales y locales que también han documentado las irregularidades del caso. El pasado 5 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió un pronunciamiento favorable a la amnistía de Juan Carlos, al acreditar violaciones a sus derechos humanos y deficiencias en su proceso judicial.

De acuerdo con Alejandra Estrada García, esposa de Juan Carlos y quien encabeza el colectivo ‘Amnistía para Michaca Ya’, los hechos se remontan al 20 de febrero de 2005, cuando agentes de la Policía Ministerial ingresaron por la fuerza a su domicilio ubicado en la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec, sin presentar una orden judicial, amenazaron a sus familiares con armas, registraron el inmueble y realizaron la detención.
Añadió que horas antes, un familiar de Juan Carlos había participado en una discusión en la que disparó contra dos personas, quienes fallecieron en el lugar de los hechos. La detención de Juan Carlos habría ocurrido por compartir el apellido Michaca con el de un familiar, que fue el verdadero responsable de los homicidios.
Precisó que durante su detención, Juan Carlos habría sido golpeado, amenazado y sometido a tortura física y psicológica para obligarlo a firmar una confesión en su contra. Según su testimonio, estas agresiones le dejaron secuelas permanentes, entre ellas una disminución de su capacidad auditiva.
Estrada García refirió que fue condenado a 70 años de prisión por homicidio, a partir de un proceso en el que se utilizaron pruebas ilícitas y una confesión obtenida bajo coacción.
Por ello, dijo, a lo largo de estos 21 años, Juan Carlos y su defensa han emprendido diversas acciones legales para demostrar las irregularidades del proceso al interponer amparos y solicitudes de amnistía, mismas que permanecen sin una resolución definitiva.
Cabe señalar que el caso se encuentra en manos del Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Otumba, Magdaleno Camacho Vázquez, a quien solicitan conceder el beneficio y ordenar la liberación inmediata.
La exigencia del colectivo es que se conceda la amnistía y se garantice su libertad, así como la reparación integral de los daños sufridos durante más de dos décadas en prisión.
(Foto: Martha Romero)
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