Gabriela Landetta 

La entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales hace 10 años marcó un antes y un después en la impartición de justicia en México, al unificar las reglas del proceso penal y dejar atrás formalismos que alejaban a los juzgadores de la ciudadanía. 

Así lo afirmó la magistrada María del Refugio Ellizabeth Rodríguez Colín, integrante del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Poder Estado de México, en el marco de las Jornadas Académicas que realiza la Escuela Judicial de la entidad, en las cuales se analiza la importancia de su puesta en marcha en el Estado de México ñ.

Rodríguez Colín destacó que con este instrumento se consolidó la transición al sistema acusatorio y oral, cimentado en el humanismo, la cercanía y la transparencia. En ese contexto, resultó que la presunción de inocencia y el debido proceso son pilares reales de la actuación del Estado, y no sólo se quedan en papel.

La magistrada subrayó que el Código transformó la lógica del juicio: estableció reglas claras para evitar la arbitrariedad, garantizar un litigio real y permitir la participación activa de las partes. Así, la legitimidad de las resoluciones se construye con audiencias públicas y una inmediación efectiva del proceso.

De igual forma refirió que el enfoque social del ordenamiento también ha sido clave, ya que permitió derribar barreras para que los sectores más vulnerables accedan a la justicia mediante mejores prácticas y la eliminación de formalismos innecesarios. De esa manera la justicia social dejó de ser un discurso y se volvió una vía concreta de atención, manifestó.

Otro aporte central de este código es la conciliación, al abrir la puerta a la justicia restaurativa con figuras como el procedimiento abreviado, la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios. Estas salidas alternas evitan que toda respuesta sea una condena.

Manifestó que gracias a esos mecanismos, la reparación integral del daño pasó de ser una promesa lejana a una realidad cercana para las víctimas, ya que las partes obtienen soluciones prontas y el sistema se enfoca en recomponer el tejido social, no sólo en sancionar.

(Foto: Especial Portal)