Martha Romero 

En el Estado de México existen aproximadamente 2 mil 800 mujeres privadas de la libertad, por lo que 22 niñas y niños viven con sus madres dentro de los centros penitenciarios y de reinserción social en territorio mexiquense.

Así lo informó Alejandro Zamora Vázquez, Visitador Especializado de Atención a Personas Privadas de la Libertad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).

Por ello, dijo, la atención institucional debe considerar tanto los derechos de las mujeres como el principio del interés superior de la niñez, especialmente cuando se trata de infancias que se encuentran en un entorno penitenciario sin haber cometido delito alguno.

Indicó que históricamente los centros penitenciarios fueron diseñados bajo una lógica predominantemente masculina, por lo que las condiciones de infraestructura, servicios y programas no siempre responden a las necesidades específicas de las mujeres. 

Añadió que este panorama puede generar carencias en materia de salud reproductiva, atención psicológica especializada, espacios adecuados para la maternidad, convivencia familiar, lactancia, desarrollo infantil y acompañamiento emocional.

Recordó que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que las hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad pueden permanecer con su madre dentro del centro penitenciario durante la etapa de lactancia y hasta los tres años, pero en casos en los que el menor presenta alguna discapacidad y la madre es la única persona que puede hacerse cargo de su cuidado, puede solicitar una ampliación conforme a la valoración correspondiente.

Zamora Vázquez resaltó que las madres privadas de la libertad enfrentan condiciones de vulnerabilidad derivadas no solo de su situación jurídica, sino también de desigualdades previas vinculadas al género, pobreza, nivel educativo, violencia familiar o de pareja, así como condiciones estructurales e institucionales que deben ser atendidas con perspectiva de derechos humanos.

Precisó que los centros penitenciarios deben garantizar condiciones materiales adecuadas, espacios seguros, higiénicos y dignos, compatibles con las necesidades físicas, emocionales y sociales de las infancias, además de asegurar el acceso efectivo a servicios de salud y, cuando el centro no cuente con infraestructura o personal médico suficiente, la atención debe brindarse a través de instituciones públicas, con continuidad y calidad.

Refirió que los menores también deben contar con atención pediátrica, educación inicial, actividades recreativas, lúdicas y de estimulación temprana, alimentación acorde con su edad y necesidades, así como protección integral frente a cualquier forma de violencia, abuso, negligencia o trato inadecuado.

Finalmente, destacó que la Codhem brinda orientación, atiende quejas de mujeres privadas de la libertad o de sus familiares, promueve la capacitación del personal penitenciario e impulsa acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida en los centros penitenciarios, con especial atención a mujeres, niñas y niños.

(Foto: Especial Portal)