Martha Romero 

Hoy la justicia sigue siendo selectiva porque hay libertad para quienes tienen poder e influencias, y prisión para quienes carecen de ellas, por lo que la justicia no puede seguir siendo un privilegio para los poderosos y una condena para el pueblo, afirmó el colectivo Mujeres Víctimas de la Fabricación de Delitos y Falsos Culpables.

Añadió que es inaceptable que el Poder Judicial, encabezado por el magistrado presidente Héctor Macedo García, permita que los presidentes municipales Fernando Flores Fernández y Nancy Nápoles Pacheco enfrenten sus procesos en libertad, mientras sus familiares permanecen en prisión preventiva y reciben sentencias desproporcionadas a pesar de su inocencia. 

El colectivo señaló lo anterior al informar que decidieron suspender el bloqueo de la XXX carrera de la y el Abogado, lo que responde a la convicción de no radicalizar una lucha que el colectivo Presunción de Inocencia ha construido como una estrategia jurídica y de defensa de los derechos humanos en favor del pueblo, de las familias despojadas de su patrimonio y de las personas privadas de su libertad mediante la fabricación de delitos.

"La suspensión también busca evidenciar que la denominada XXX Carrera de las y los Abogados representa una simulación de justicia, mientras el Poder Judicial del Estado de México mantiene un sistema que beneficia a grupos de poder y mantiene encarceladas a miles de personas inocentes", resaltó.

Añadió que, aunque la organización tenía preparada una movilización de aproximadamente dos mil personas, decidieron que la denuncia pública sería la forma más contundente de exhibir la corrupción, la impunidad y el fracaso del sistema de justicia en el Estado de México.

Condenó el silencio de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez; del secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, y del secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, frente al caso de Lino Rodríguez González, demostrando que la llamada Mesa para la Construcción de la Paz ha quedado reducida a un ejercicio de simulación.

De igual manera, denunció la falta de transparencia de los magistrados Fernando Díaz Juárez y Héctor Macedo García, quienes intentaron ocultar información sobre jubilaciones y percepciones económicas de magistrados, entre ellos, Ricardo Sodi Cuéllar, pues gracias a los recursos legales promovidos por el colectivo el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) resolvió que esa información debía hacerse pública.

Precisó que los mecanismos anunciados por las autoridades, como el Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia y las reformas a la Ley de Amnistía, no han representado una solución para las personas inocentes.

Finalmente, el colectivo reiteró que continuará utilizando todas las herramientas jurídicas y de defensa de los derechos humanos para exigir la libertad de las personas injustamente encarceladas y denunciar la aplicación desigual de la ley.