La bancada de MC de la LXII Legislatura mexiquense,coordinada por el diputado Juan Zepeda Hernández, planteó ampliar las facultades del Instituto de la Defensoría Pública, generar condiciones para transformar el acceso a la justicia, reducir conflictos, proteger el patrimonio comunal y asegurar que la diversidad cultural sea respetada.

Durante la exposición de la iniciativa ante el Pleno del Congreso del Estado de México, la diputada Maricela Beltrán Sánchez (MC) explicó que la propuesta modifica la Ley de Defensoría Pública estatal, incorporando entre las funciones de las personas defensoras públicas la atención a asuntos indígenas y de vinculación agraria.

La propuesta establece que el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México ofrecerá orientación y defensa jurídica, abarcando asuntos indígenas no relacionados con usos y costumbres, así como temas agrarios. Además, tiene como objetivo proporcionar asesoría en materia agraria y conectar a las personas con las autoridades correspondientes.

Cabe señalar que, aunque actualmente la Ley de Defensoría Pública de la entidad prevé la atención de asuntos indígenas, no distingue entre asuntos vinculados al ejercicio de sistemas normativos internos; asuntos civiles, familiares, agrarios o administrativos; ni la obligación de brindar apoyo intercultural, traducción o acompañamiento especializado en litigios complejos.

“Hoy miles de personas indígenas y agrarias siguen enfrentando litigio sin defensa adecuada, sin intérpretes, sin asesoría culturalmente pertinente y sin instituciones que comprendan la complejidad de su realidad. Este vacío normativo deja a miles de personas indefensas frente a conflictos legales que no pueden resolver desde sus sistemas de justicia comunitaria”, expresó la parlamentaria.

Según el documento, el fortalecimiento de la defensoría pública es un paso clave para garantizar el acceso efectivo a la justicia, especialmente para los sectores históricamente marginados del sistema jurídico. De acuerdo con el Registro Agrario Nacional (2024), la implementación de un modelo especializado permitiría dar seguimiento entre tres mil 500 y cinco mil casos anuales. Esto tendría un impacto directo en miles de personas ejidatarias, comuneras y en la población en general.

Finalmente, este modelo de defensoría pública promueve una justicia con perspectiva intercultural, asegurando la disponibilidad de intérpretes en lenguas indígenas, el acompañamiento especializado en procedimientos no vinculados a los sistemas normativos internos y la defensa adecuada en materias civiles, administrativas, agrarias y familiares.