Martha Romero 

La colectiva Madres, Esposas, Hijas y Hermanas de Falsos Culpables de PIDH exigió una investigación al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Víctor Leopoldo Delgado Pérez, por legitimar violencia de género y discriminación contra una ex servidora pública.

A través de un pronunciamiento público, la organización manifestó su respaldo a Nancy Rocío Durán Barrios, ex funcionaria del organismo defensor, quien afirmó que se vio obligada a presentar su renuncia no por voluntad libre ni espontánea, sino derivado de un contexto sistemático de acoso, hostigamiento laboral y violencia institucional, presuntamente ejercido por Alejandro Zamora Vázquez, actual Visitador de Supervisión Penitenciaria, así como por el Visitador de Atlacomulco, Jesús Edgardo Núñez Torres.

De acuerdo con su testimonio, dicha situación fue oportunamente informada a Delgado Pérez, a quien solicitó apoyo e intervención institucional ante la gravedad de los hechos, pero no recibió atención ni respuesta efectiva.

De igual manera, dijo, los hechos fueron externados al Órgano Interno de Control donde existen procedimientos administrativos relacionados, sin que hasta el momento se haya advertido una actuación diligente, efectiva o protectora frente a los actos denunciados, ni tampoco por parte de la Unidad de Igualdad de Género, instancia de la que no obtuvo medidas reales de protección ni atención adecuada.

Subrayó que el pasado lunes fue citada en el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, cita a la que el personal del área jurídica de la Codhem arribó hora y media después de la hora pactada, donde pretendían que firmará un convenio claramente redactado en función de los intereses de la institución, sin que previamente fueran atendidos, investigados o siquiera escuchados los verdaderos motivos que originaron su renuncia forzada

Durán Barrios resaltó que fue retenida por los servidores públicos del organismo defensor hasta las 18:00 horas, bajo presión para que recibiera un cheque por la cantidad de siete mil pesos, una suma ofensiva e incongruente por los casi 11 años de servicio, pretendiendo supeditar su entrega a la firma de un convenio que implicaba aceptar condiciones ajenas a una verdadera voluntad libre e informada.

"Ante mi negativa de firmar un documento redactado unilateralmente a conveniencia de la institución, el propio personal jurídico evidenció incertidumbre sobre cómo proceder, llegando incluso a proponer trasladarme a un café internet para redactar nuevamente mi renuncia y posteriormente llevarme a las instalaciones de la Codhem con el titular del área jurídica, Juan Llaredo Sánchez, a efecto de dejar cerrada mi renuncia", expuso.

Añadió que le fue retenida documentación laboral ya firmada de recepción, consistente en formato único de movimiento de personal por baja, documentación administrativa y demás constancias, bajo el argumento de no haber suscrito el convenio previamente elaborado por el área jurídica de la institución.

Ante estos hechos, indicó que es alarmante y contradictorio que una institución creada para proteger derechos humanos incurra, presuntamente, en prácticas de presión, condicionamiento, omisión institucional, violencia laboral y vulneración a la dignidad de sus trabajadores.

Por último, precisó que la protección de los derechos humanos no puede convertirse en un discurso institucional vacío mientras, al interior, se normalizan actos que afectan la integridad emocional, laboral, económica y humana de quienes forman parte de ella, además de que ninguna institución puede colocarse por encima de la ley ni asumir facultades para vulnerar derechos fundamentales con absoluta impunidad.

(Foto: redes)