Diana Solórzano

Habitantes de la delegación Independencia, en Toluca, exigieron al alcalde Ricardo Moreno Bastida respetar la suspensión judicial relacionada con el uso de suelo de la zona, donde se proyecta construir bodegas. Cuestionaron que el edil anunciara que impugnará la resolución y señalaron que sus derechos están siendo vulnerados.

Durante una conferencia de prensa, integrantes del comité vecinal informaron que, después de más de un año de recursos legales, obtuvieron una suspensión que, de acuerdo con su abogado, impide ejecutar la autorización de uso de suelo reclamada.

“Éste último ha prosperado y este amparo que ha prosperado, cabe señalar, que el presidente municipal Ricardo Moreno Bastida anunció que lo imputará, cosa que nos llama la atención porque cómo es posible que un presidente municipal pueda decir eso, que va a impugnar algo, me pregunto ‘¿está a favor de estos empresarios y de los particulares? Porque se supone que debe ser neutral y defender nuestros derechos”, indicaron.

Los vecinos también cuestionaron los motivos del alcalde para recurrir la resolución judicial y preguntaron si existe algún interés particular detrás de su postura.

“Yo me siento en este momento violentada en mis derechos y en mi hogar, en mi entorno familiar. No es posible que esta persona que se ha comportado hasta este momento como autócrata porque maneja las leyes como quiere y a su favor se ríe de nosotros y se burla de nosotros una y otra vez”, expresaron 

El abogado Víctor Fuentes explicó que la suspensión definitiva busca impedir la ejecución de la autorización de uso de suelo relacionada con los predios. Añadió que, aunque la resolución puede ser impugnada, debe acatarse mientras permanezca vigente.

Los habitantes advirtieron que en la zona viven personas adultas mayores y existen diversas escuelas, por lo que el tránsito de camiones relacionado con el proyecto les preocupa por los posibles riesgos viales.

Finalmente, señalaron que más de 200 vecinos han participado en la defensa legal de la colonia y acusaron que podría prevalecer un interés particular por encima de la seguridad de más de 10 mil personas. También pidieron que las autoridades respeten las resoluciones judiciales y los derechos de la comunidad.

(Foto: cortesía)