Martha Romero 

Familiares y amigos de Cinthia González González aseguran que fue acusada por secuestro y sentenciada a 110 años de prisión injustamente, por lo que se manifestaron con para visibilizar la falta de justicia.

Al considerar que el caso estuvo plagado de irregularidades, denunciaron que no hubo perspectiva de género y la investigación estuvo carente de pruebas contundentes, por lo que exigieron a las autoridades competentes su libertad. 

En un primer punto, los manifestantes se concentraron frente a instalaciones del Poder Judicial de la Federación, en la zona de hospitales durante aproximadamente 15 minutos, posteriormente marcharon con dirección a Alfredo del Mazo, importante vialidad que cerraron en ambos sentidos.

Los inconformes manifestaron que Cinthia está recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, desde hace más de nueve años, además la condena se dictó sin que existiera una prueba directa que acreditará la participación en el delito.

Cinthia fue acusada de secuestro y posteriormente sentenciada por el asesinato de un hombre con quien mantenía una relación de amistad, donde el principal señalamiento en su contra fue haber sido la última persona que vio con vida a la víctima, quien desapareció después de que él la dejará en su domicilio.

Relataron que uno de los elementos que influyó de manera determinante en el fallo fue la declaración del policía ministerial Felipe Arzola Cortés, quien afirmó que uno de los detenidos durante el operativo de rescate habría señalado que mantenía una relación sentimental con Cinthia, sin embargo, dicho testimonio no fue robustecido con ninguna otra prueba. 

Incluso, dijeron, la narrativa del caso cambió durante el proceso porque en un inicio se insinuó que Cinthia mantenía una relación con la víctima y después con otro de los implicados, lo que evidenció inconsistencias en la investigación.

Mencionaron que otras personas detenidas en el lugar donde presuntamente se realizaba el cobro del rescate recibieron sentencias menores, una de ellas de 70 años, lo que consideran una disparidad injustificada frente a los 110 años impuestos a Cinthia.

Por ello, de nueva cuenta solicitaron que se realice un análisis minucioso del amparo 428/2025, radicado en el Segundo Juzgado del Tribunal Colegiado de Justicia, el cual actualmente se encuentra en trámite de resolución.

“Lo único que pedimos es que se revise a fondo, la ley es clara, una sentencia condenatoria solo debe dictarse cuando no exista duda razonable sobre la responsabilidad. En este caso, no hay prueba directa ni siquiera indicios que acrediten una participación activa en el delito”, concluyeron.

(Foto: cortesía)