Martha Romero

El diputado Samuel Hernández Cruz, integrante de la bancada de Morena, dio a conocer que después de que ciudadanos denunciaron en redes sociales las extorsiones de las que han sido objeto por parte de presuntos policías ministeriales, ya solicitó a la Fiscal General de Justicia del Estado de México (FGJEM) información y, en su caso, la apertura de la respectiva investigación.

Refirió que, de acuerdo con dichas denuncias, personas que se identifican como integrantes de la corporación de seguridad presuntamente han incurrido en actos de abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, revisiones sin orden judicial y extorsión, hechos que se han registrado principalmente sobre la carretera federal México-Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac y la zona de Ojo de Agua.

Detalló que, según los testimonios que las víctimas han difundido, en algunos casos les han solicitado la entrega de cantidades que alcanzarían hasta los 100 mil pesos a cambio de no ser presentadas ante la FGJEM, hechos que de llegar a confirmarse, serían de la mayor gravedad y ameritan una investigación exhaustiva.

Recordó que el pasado 15 de enero el Congreso del Estado de México aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Extorsión, la cual fortalece de manera significativa el marco legal para enfrentar este delito.

Hernández Cruz destacó que con esta nueva legislación la extorsión es un delito que se persigue de oficio, lo que significa que las autoridades están obligadas a investigar y actuar, aunque no haya una denuncia directa de la víctima, con el objetivo de proteger a las personas afectadas y evitar la impunidad.

Subrayó que de encontrarse responsables, quienes resulten culpables de este delito, podrían enfrentar sanciones que alcanzan hasta 42 años de prisión, conforme a lo establecido en la ley vigente.

Tras resaltar que no está acusando ni señalando culpables, resaltó que está actuando con responsabilidad institucional para que se aclare si estos hechos corresponden a operativos oficiales o si se trata de una presunta red de extorsión que debe ser investigada y combatida conforme a la ley.

Resaltó que dará puntual seguimiento a la respuesta que brinde la FGJEM, pero en caso de que se acrediten irregularidades, será indispensable sancionar a quien resulte responsable, con el fin de proteger a la ciudadanía y preservar la confianza en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

“La seguridad pública no puede ser pretexto para abusos ni para extorsionar a la ciudadanía. Toda persona tiene derecho a saber quién la detiene, con qué facultades y bajo qué fundamento legal”, concluyó.

(Foto: Especial Portal)