Martha Romero 

Con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones publicadas en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, comenzó operaciones Transparencia Mexiquense, instancia que asumirá las funciones relacionadas con el acceso a la información pública y la protección de datos personales en la entidad.

De acuerdo con el documento, la nueva autoridad operará como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo estatal y tendrá atribuciones para atender los asuntos de transparencia de los sujetos obligados del estado y sus municipios.

Entre sus principales responsabilidades estará la atención y resolución de los recursos de revisión que interpongan las personas cuando consideren que una solicitud de información no fue respondida de manera adecuada. También podrá aplicar medidas de apremio y sanciones previstas en la legislación vigente.

El cambio implica además la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM). De acuerdo con las nuevas disposiciones, sus recursos, expedientes, archivos, sistemas y bases de datos deberán ser transferidos a la nueva estructura administrativa.

Los procedimientos que se encontraban en trámite ante el INFOEM relacionados con solicitudes de información y protección de datos personales continuarán su curso bajo la responsabilidad de Transparencia Mexiquense.

Las personas podrán presentar solicitudes de información mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, oficinas, correo electrónico, correo postal y otros mecanismos autorizados. Para realizar el trámite deberán proporcionar los datos necesarios para recibir notificaciones, especificar la información que requieren y señalar la modalidad en la que desean obtenerla.

Los sujetos obligados contarán con un plazo máximo de 20 días hábiles para responder. En casos excepcionales, el periodo podrá extenderse hasta por 10 días hábiles adicionales, siempre que existan razones justificadas y el Comité de Transparencia autorice la ampliación.

En caso de que una persona considere que la información entregada es incompleta, incorrecta o que su solicitud fue rechazada de manera indebida, podrá interponer un recurso de revisión dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la respuesta o al vencimiento del plazo establecido para atender la solicitud.

La legislación también conserva diversas obligaciones de transparencia para las autoridades. Entre la información que deberá hacerse pública se encuentran las remuneraciones de servidores públicos, estructuras orgánicas, plazas, contratos por honorarios, declaraciones patrimoniales en versión pública, viáticos, presupuestos, deuda pública, gastos en comunicación social, auditorías y resultados financieros.

Asimismo, deberán transparentarse concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias y procesos de licitación y adjudicación, incluyendo datos sobre participantes, fallos, contratos, origen de los recursos, avances físicos y financieros, así como terminaciones y finiquitos.

Para el Poder Ejecutivo y los municipios, las obligaciones incluyen además información relacionada con la distribución presupuestal, recursos públicos, expropiaciones, créditos fiscales cancelados o condonados, planes de desarrollo urbano, usos de suelo y licencias de construcción.

Con este nuevo esquema, Transparencia Mexiquense se convierte en la instancia encargada de dar continuidad a los mecanismos de acceso a la información y protección de datos personales en el Estado de México.