Martha Romero

El análisis de tres iniciativas que en su conjunto proponen la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), así como el traslado de sus funciones a la Secretaría de la Contraloría estatal y otros entes fiscalizadores, fue motivo de un intenso debate entre diputados locales de Morena con sus homólogos de las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC).

Durante la reunión de trabajo de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales con Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, los diputados de Morena resaltaron que están atendiendo un mandato constitucional derivado de las reformas federales, mientras que las bancadas del PRI, PAN, MC y PRD las calificaron como un retroceso en materia del derecho a la información y a la protección de datos personales. 

Los legisladores de Morena respaldaron las propuestas presentadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como de sus integrantes, la diputada Elene García Martínez y el diputado Gerardo Pliego Santana, quienes argumentaron que no implica un retroceso en materia de transparencia, sino un ejercicio de simplificación y eficiencia, así como como parte de un proceso de homologación de la Constitución local con la federal.

La diputada Elena García Martínez afirmó que la mayor parte del presupuesto del Infoem, que asciende a 187 millones de pesos, corresponde al Capítulo 1000 que está destinado a sueldos y operación, por lo que es viable eliminar duplicidades funcionales.

Mientras que el diputado Gerardo Pliego Santana añadió que la reforma no sólo elimina facultades del Infoem, sino que propone un nuevo esquema en el que cada poder público y municipio cuente con su propia autoridad garante; el legislador Vladímir Hernández Villegas cuestionó su funcionamiento y el uso de recursos, pues hay facturas por salsas de tamarindo en banquetes de 30 mil pesos. 

Por su parte, el diputado Luis Valdeña Bastida sostuvo que el Infoem incurrió en gastos excesivos y criticó sus excesos, como gastos en lavandería u hospedajes en el extranjero donde gastaban más en viajes lujosos que en transparencia, por lo que no desaparece el derecho a la información, sólo la “burocracia dorada e intocable”.

En contraparte, las integrantes del grupo parlamentario del PAN rechazaron la propuesta de desaparecer el Infoem al considerarla un grave retroceso democrático y un atentado contra derechos fundamentales, la legisladora Cristina Karina Romero Velázquez advirtió que la transparencia y la rendición de cuentas no son conceptos técnicos ni concesiones del poder, sino pilares de una democracia funcional, por lo que desaparecerlo sería un error histórico.

Mientras que por Movimiento Ciudadano (MC), la legisladora Ruth Salinas Reyes cuestionó que el gobierno opte por eliminar instituciones en lugar de corregirlas, pues al parecer es un común denominador que si se detecta corrupción se elimina a la institución en lugar de arreglarla desde las entrañas.

Mientras que el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez advirtió que la reforma atentará contra el principio de progresividad de los derechos humanos, por lo que pidió crear un nuevo ente garante en vez de pulverizar sus funciones entre distintas autoridades. 

Por su parte, Javier de Jesús Domínguez González, encargado de despacho de la Dirección General de Legislación y del periódico oficial Gaceta de Gobierno, aseveró que la reforma no está sujeta a interpretación porque responde a un mandato constitucional derivado de la reforma federal de diciembre de 2023.

Por ello, dijo, se tiene que buscar la forma en que se armonice la legislación estatal con el marco jurídico federal, en caso contrario se estaría en una clara inconstitucionalidad.

Explicó que el destino del personal del Infoem y los procesos de transferencia de sus funciones están previstos en las leyes generales, por lo que será en la legislación secundaria donde se establezca la ruta específica.

Finalmente, presidente de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el diputado Antonio Martínez Zurita indicó que en la próxima reunión de las comisiones unidas deberá ser votado el dictamen, ello con el fin de que sea incluido en el periodo extraordinario de sesiones que se tiene previsto se realice el próximo jueves 26 de junio.

(Foto: Especial Portal)