Martha Romero

Después de que el Poder Judicial de la Federación les concediera un amparo por la violación a sus derechos constitucionales, el ex síndico y cuatro exregidores del Ayuntamiento de Valle de Bravo exigieron que la presidenta municipal Michelle Núñez Ponce cumpla con la sentencia que les favorece después de haber sido suspendidos de sus funciones y sueldos desde el 24 de junio de 2024, sin audiencia previa ni justificación legal.

En conferencia de prensa, los exfuncionarios Pastor Nava Montoro, María Magdalena Rodríguez Benítez, Édgar Ledezma Bernal, Adrián Carlos Benítez García y Alejandro Reyes Jaramillo dieron a conocer que la alcaldesa giró una orden unilateral e inconstitucional a la tesorería municipal para suspenderlos sin un proceso administrativo o resolución formal.

Resaltaron que dicha resolución no solo les privó de sus salarios y dietas, sino también les impidió ejercer sus funciones en el Cabildo de manera efectiva, pues la alcaldesa actuó fuera de su competencia sin que existiera de por medio un procedimiento legislativo o notificación oficial sustentada.

 Explicaron que, de acuerdo con la Constitución Política estatal, los servidores públicos electos sólo pueden ser sancionados, suspendidos o removidos mediante procesos claramente establecidos por el Poder Legislativo o resoluciones judiciales, pero en su caso se trató de una acción arbitraria, ilegal e inconstitucional.

Refirieron que intentaron obtener explicaciones formales sobre su exclusión y la suspensión de sus percepciones, enviando oficios tanto al secretario del Ayuntamiento, Juan Montes de Oca Gómez Tagle, como a la propia alcaldesa; sin embargo, la solicitud fue ignorada, por lo que la falta de respuesta, además de profundizar el agravio, exhibe una preocupante prepotencia y opacidad institucional.

Por ello, recurrieron al amparo federal, en primera instancia bajo el expediente 1292/2024-MII, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito, pero debido a la suspensión de labores judiciales por la reforma del Poder Judicial, el expediente fue transferido al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo, con número 143/2025, con sede en Toluca.

El Poder Judicial Federal falló el 22 de mayo de 2025 a favor del síndico y los cuatro regidores al otorgarles el amparo y la protección constitucional frente a un acto que violó de manera flagrante sus derechos políticos, laborales y humanos.

La sentencia no solo ratificó la inconstitucionalidad del acto cometido por Núñez Ponce, sino también obliga al actual ayuntamiento de Valle de Bravo a pagar los salarios retenidos injustamente y podría abrir la puerta a demandas por daño moral y reparación del daño. 

A pesar de la resolución, las autoridades municipales intentaron desacreditar el amparo argumentando, falsamente, que la demanda había sido presentada fuera de tiempo, cuando ya había concluido el periodo constitucional de los ediles, debido a que trabajaron en la administración concluida apenas en diciembre del 2024.

Sin embargo, el tribunal desestimó este recurso por improcedente porque la violación de derechos fue continua, al no haberse restituido el pago ni explicado el acto administrativo.

De persistir el incumplimiento, la edil morenista podría enfrentar una acusación formal por desacato, que conlleva a sanciones penales y administrativas, incluidas posibles inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.

(Foto: Especial Portal)