Martha Romero 

Cualquier servidor público que pretenda competir por un cargo de elección popular debe separarse de inmediato de sus funciones para no comprometer la legalidad ni la equidad en la contienda, sostuvo el diputado Octavio Martínez Vargas, secretario de la comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Señaló lo anterior después de que el secretario de Finanzas del Estado de México, Óscar Flores Jiménez, recientemente participó en actividades y mediciones políticas en Tlaxcala, entidad donde su nombre ha comenzado a posicionarse rumbo a la sucesión gubernamental de esa entidad. 

“Sí tiene aspiraciones políticas para contender por la gubernatura de Tlaxcala, debe separarse del cargo y dedicarse de lleno a ese proyecto. Si el secretario tiene pretensiones políticas de gobernar Tlaxcala, que obvio tiene todo el derecho para aspirar, valdría la pena que renuncie a la secretaría que hoy desempeña”, añadió.

Refirió que el actual contexto del Estado de México exige servidores públicos comprometidos al cien por ciento con sus responsabilidades y el gobierno estatal necesita funcionarios de tiempo completo que contribuyan a cumplir los objetivos del Plan de Desarrollo impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, especialmente en una etapa clave para la consolidación de políticas públicas.

Martínez Vargas advirtió que mantenerse al frente de una dependencia estratégica como responsable del manejo, planeación y ejecución del gasto público mientras se construye un proyecto político, no solo genera un evidente conflicto de interés, sino también coloca en entredicho la imparcialidad en el uso de los recursos públicos estatales.

Subrayó que la definición sobre su permanencia en el cargo no puede postergarse, particularmente ante el inicio anticipado de movimientos políticos rumbo al proceso electoral de 2027, donde distintas figuras comienzan a perfilarse dentro y fuera de sus entidades.

Enfatizó que el ejercicio del poder público exige una separación clara entre responsabilidades institucionales y aspiraciones personales, en apego a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Finalmente, advirtió que, de no hacerlo, debilitará la confianza ciudadana y envía un mensaje negativo sobre el uso del poder, por lo que insistió en que la congruencia no es opcional, sino una obligación en el servicio público.

(Foto: Especial Portal)