Martha Romero 

Los integrantes de la comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobaron tipificar el delito de acecho como una forma de violencia contra las mujeres, por lo que, quien aceche o intimide a una persona directamente o a través de terceros, se le impondrán penas de 6 meses a 2 años de prisión y 100 a 300 días multa para quien

La reforma al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambos del Estado de México, propuesta por la diputada Lilia Urbina Salazar, integrante de la bancada del PRI, tiene como objetivo sancionar conductas como el hostigamiento, la vigilancia no consentida y la persecución física o digital. 

El dictamen aprobado señala que se entenderá como acecho a la conducta repetida y no deseada, acoso no sexual, contacto, vigilancia, seguimiento o cualquier otra conducta dirigida a una persona en específico o a sus familiares, amistades o círculo cercano, que cause temor, miedo, angustia o ansiedad, y que como consecuencia de ello, modifique sus hábitos, costumbres, itinerario, número de teléfono, correo electrónico, perfiles de redes sociales o cambie de lugar de residencia, de trabajo, de escuela, centro religioso o de culto.

Las conductas sancionadas incluyen vigilancia, persecución o acercamiento físico no consentido; contacto reiterado por cualquier medio, incluyendo redes sociales; ataques a su libertad, patrimonio o el de sus allegados; y actos dañinos contra la víctima o sus cercanos con intención de intimidar. 

También indica que esta conducta se considerará reiterada cuando se repita en más de dos ocasiones, por lo que este delito se perseguirá por querella o de oficio cuando las víctimas sean menores de edad. 

Las penas por acecho se agravarán en casos como acercamiento a domicilios de la víctima o allegados con amenazas, coerción para actuar contra su voluntad, uso de armas, vandalismo, cobro de deudas, presión para influir en procesos legales o uso de tecnología para vigilancia no consentida. 

Además, las penas pueden duplicarse si el delito es cometido por servidores públicos, violando órdenes de protección, contra menores, causando daño físico o psicológico, o dirigido a mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con discapacidad.

 También aplicará si existe relación de confianza, laboral o afectiva, por identidad de género u orientación sexual, en contexto de violencia de género, o reincidencia, además los servidores públicos culpables serán destituidos e inhabilitados.

El dictamen será presentado ante el pleno en el próximo periodo extraordinario para su análisis y discusión, así como su probable aprobación.

(Foto: Especial Portal)