Martha Romero

El síndico de Chapa de Mota, Antonio García Pérez, denunció las omisiones, abuso de poder, la obstrucción sistemática a sus funciones como integrante del cabildo, así como el hostigamiento del que ha sido objeto su equipo de trabajo por parte de la presidenta municipal, María Guadalupe Franco Cruz. 

Añadió que uno de los casos más graves fue la negación para conocer el contenido del presupuesto municipal, documento que por ley está obligado a revisar y firmar, por lo que si bien el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) ya resolvió a su favor y ordenó al ayuntamiento entregarle dicho documento, aún hay siete demandas más en curso que están siendo analizadas por el órgano electoral.

Dichas demandas, dijo, están relacionadas a la falta de transparencia en temas clave como el destino de recursos federales y estatales de los meses de enero y febrero; la nómina actualizada del ayuntamiento; los pagos realizados por laudos y finiquitos; así como el presupuesto asignado a la sindicatura. 

García Pérez explicó que dichos actos constituyen presuntas violaciones a sus derechos político-electorales, por lo que ya presento diez denuncias ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), acciones legales que no obedecen a caprichos ni intereses personales, sino una respuesta a la constante negativa de entregarle información esencial para ejercer sus responsabilidades como síndico. 

Denunció el hostigamiento hacia su equipo de trabajo que incluye despidos arbitrarios y presiones para forzar renuncias o actos contrarios a la ley, además de que las oficinas que albergan a la sindicatura fueron invadidas sin autorización, razón por la que analiza presentar una denuncia penal por la posible falsificación de documentos oficiales. 

Advirtió que estos actos no solo son opacos, sino también ilegales, por los que se pueden fincar responsabilidades administrativas y penales que deben investigarse, y por lo que responsabilizó de manera directa a la presidenta municipal por incumplir con su obligación de presentar el presupuesto 2025 para su revisión, hecho que también fue sancionado por el TEEM. 

Finalmente, indicó que la sindicatura no puede ser anulada por voluntad política, pues está en juego el cumplimiento del mandato constitucional que rige al ayuntamiento, por lo que hizo un llamado a cesar las prácticas de opacidad y a respetar la legalidad.

(Foto: Especial Portal)