Martha Romero 

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobó fortalecer el aseguramiento del derecho de alimentos al permitir el embargo de cuentas de retiro como medida para garantizar el pago de pensiones alimenticias en favor de niñas, niños y adolescentes.

Durante la sesión de trabajo sus integrantes aprobaron el dictamen conjunto derivado de las iniciativas presentadas por la diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule, integrante del grupo parlamentario de Morena y la propuesta de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De acuerdo con el decreto avalado, la reforma al artículo 4.143 del Código Civil del Estado de México dispone que el aseguramiento deberá decretarse por la autoridad judicial con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno y efectivo de la obligación alimentaria.

Para tal efecto el aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito, retención o descuento directo de ingresos, o cualquier otra forma de garantía suficiente que, a juicio de la autoridad judicial, sea bastante para cubrir los alimentos de los menores. 

Así mismo, la autoridad judicial ordenará de oficio las medidas de aseguramiento que resulten necesarias atendiendo las circunstancias del caso y a la protección del derecho de alimentos

La diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule señaló que a nivel nacional tres de cada cuatro hijas e hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, ya que entre 2023 y 2024 la entidad mexiquense registró 690 personas deudoras alimentarias, de un padrón de casi 14 mil.

Subrayó que con esta aprobación se permitirá asegurar el cumplimiento efectivo de esta obligación porque actualmente su aplicación depende, en muchos casos, de que alguna de las partes la solicite, cuando debería funcionar como una herramienta preventiva y eficaz.

Indicó que con esta aprobación se busca fortalecer la protección de los derechos de alimentos para dar certeza a los menores para su bienestar y desarrollo, además de que es una realidad que no se puede ignorar.

“De ahí la importancia de contar con mecanismos efectivos que permitan garantizar su cumplimiento oportuno, por lo que se fortalecen las figuras existentes en la legislación estatal”, concluyó.