Martha Romero

Un juez del Poder Judicial del Estado de México, Distrito Judicial de Toluca, dictó auto de vinculación a proceso a Selenne ‘N’, quien se desempeñaba como presidenta municipal de Capulhuac, por su probable responsabilidad en el hecho delictuoso de abuso de autoridad al haber violentado a una trabajadora del DIF municipal, ocasionándole lesiones. 

Luego de revisar los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el juez con sede en Almoloya de Juárez estableció dos meses como plazo para el cierre de investigación complementaria que vence el 26 de agosto y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada en audiencia anterior. 

Cabe recordar que el pasado 2 de mayo, Selenne ‘N’, en sus funciones de presidenta municipal, habría agredido física y verbalmente a la víctima durante una reunión de trabajo en las instalaciones del DIF municipal, ello con el apoyo de una de sus familiares y una policía municipal, causándole múltiples lesiones.

La carpeta de investigación señala que además de las lesiones provocadas también hubo daño psicológico por diversos comentarios hacia la psicóloga, a quien Selenne ‘N’ acusó de tener un romance con su esposo, que es el presidente honorario del DIF, hecho que fue negado por la víctima en su entrevista.

Fue detenida el pasado 24 de junio por hechos delictivos flagrantes de cohecho y resistencia. por lo que fue presentada ante el Ministerio Público, el miércoles 25 de junio policías de investigación le cumplimentaron orden de aprehensión, por lo que fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, a disposición del Órgano Jurisdiccional, quien determinó vincularla a proceso. 

La FGJEM expuso que Selenne ‘N’ no solo desvió el uso de sus atribuciones institucionales, sino que instrumentalizó al aparato gubernamental para satisfacer motivaciones personales, lo que muestra una clara asimetría de poder, haciendo del cargo público una herramienta de represión, vulnerando el principio de legalidad y el deber de imparcialidad que rige a los servidores públicos.

Por ello, el juez responsable determinó suspenderle sus derechos políticos y la suspendió del cargo mientras, lo anterior porque podría tomar represalias en contra de la víctima o los testigos de este caso, por su poder como alcaldesa.

(Foto: Especial Portal)