Martha Romero

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió una alerta a la ciudadanía tras detectar una red delictiva dedicada a la extorsión, grupo delincuencial que utiliza de forma ilegal los nombres y cargos de servidores públicos federales, quienes han defraudado principalmente a adultos mayores.  

De acuerdo con la dependencia, la forma de actuar de este grupo de defraudadores es que se presentan con nombres de servidores públicos de ésta y otras instituciones federales para ofrecer la gestión ilícita de supuestos servicios y trámites gubernamentales que en realidad no existen.

Solicitan pagos o transferencias monetarias a cuentas particulares por diversos conceptos, como la gestión de trámites, recuperación de fondos defraudadores, expedición de certificaciones jurídicas falsas y cancelación o condonación de sanciones fiscales.

Presentan documentos apócrifos que imitan la papelería oficial del Gobierno de México, cartas y formatos falsos que contienen elementos gráficos gubernamentales diseñados exclusivamente para dar una apariencia de total legalidad y de esa manera obligar a las víctimas a realizar depósitos de manera inmediata bajo la amenaza de perder sus derechos o enfrentar problemas legales.

Además, han configurado perfiles falsos en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea utilizando los logotipos oficiales de ésta y otras dependencias federales, canales por los que entablan comunicación directa con las víctimas simulando una atención institucional legítima. 

También se comunican a través de llamadas telefónicas convencionales, la aplicación WhatsApp y correos electrónicos institucionales apócrifos. Las peticiones económicas ilegales exigen depósitos bancarios directos o transferencias electrónicas a cambio de evitar supuestas multas o agilizar procesos administrativos.

Ante el incremento de reportes, la institución recordó que ningún empleado público cuenta con la facultad de solicitar recursos económicos a los ciudadanos por vías digitales o telefónicas.

Por ello, recomendó a la ciudadanía estar atenta y no proporcionar información personal, bancaria ni realizar depósitos o transferencias a personas que se presenten como servidoras públicas a través de llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales, solicitando cualquier tipo de pago.

En caso de haber sido víctima, la dependencia federal habilitó las líneas de atención ciudadana 5520002000 y al 8001128700 para brindar asesoría jurídica integral a quienes hayan sido víctimas de este delito.

Finalmente, resaltó que los trámites, asesorías y servicios gestionados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno son completamente gratuitos, por lo que cualquier persona, gestor o intermediario que intente realizar cobros a nombre de la institución incurre en una conducta fraudulenta tipificada como delito grave.