Martha Romero

Después de 17 días de que le fuera confiscada su propiedad como parte del Operativo Bastión, implementado para decomisar inmuebles presuntamente utilizados por el crimen organizado, Orbelín Rodríguez Arellano exige a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que le devuelva su propiedad, misma que fue edificada de manera lícita y en la que hasta antes del 28 de marzo habitaba con su familia.

Por ello, la mañana de este lunes acudió a las instalaciones de la FGJEM con el fin de entregar la documentación necesaria que acredite que su casa fue edificada con el producto de su trabajo, como recibos de compra de materiales, pagos a quién la construyó y las escrituras para comprobar la legítima propiedad y procedencia del terreno donde la construyó, que está a su nombre desde 1997, pues antes fue propiedad de su padre y su abuelo.

“Hoy vengo a la Fiscalía a entregar más papeles: escrituras, pagos, recibos, todo lo que tenga que ver con la propiedad. No estoy escondiendo nada. Lo que pido no es complicado. Que me regresen mi casa. Que reconozcan que se equivocaron. Que me dejen vivir en paz”, resaltó.

Relató que la casa que fue su refugio los últimos cinco años después de haber vivido dos décadas en Estados Unidos, ahora es parte de una investigación por supuestos vínculos con el crimen organizado, misma de la que no ha sido notificado formalmente ni tampoco ha sido acusado legalmente, pero que ya lo dejó junto a su familia sin techo y con su vida trastocada.

Detalló que el pasado 28 de marzo llegaron a su domicilio elementos policiacos de diversas corporaciones, de lo que le dio aviso un trabajador porque él no se encontraba; cuando llegó ya habían sellado la casa y, aunque les dijo que era el dueño, sólo le pidieron que firmara unos papeles.

Rodríguez Arellano indicó que posteriormente la Fiscalía Mexiquense le informó que su vivienda forma parte de un grupo de 21 propiedades que supuestamente estaban vinculadas al crimen organizado, concretamente a La Familia Michoacana, a lo que declaró que estaban totalmente equivocados.

Relató que desde el aseguramiento de su propiedad, él y su familia tuvieron que rentar un lugar para vivir, aunque sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses, ya regresaron al país vecino del norte porque no se sienten seguros ni cómodos en México.

Señaló que hay indignación porque no hay pruebas ni avances en el proceso, no le han mostrado ninguna evidencia y mucho menos le han dicho de qué lo acusan ni por qué aseguraron su casa.

¿Cómo voy a confiar en un sistema que ni siquiera me explica por qué me deja en la calle?”, cuestionó al tiempo de indicar que en este país te pueden quitar todo solo porque alguien te señala, ni siquiera un juicio, solo una orden desde arriba para estar fuera de su casa.

Por último, mencionó que el proceso de amparo ya fue promovido por su abogado, pero aún no ha surtido efecto.

(Foto: Martha Romero)