Martha Romero 

Derivado de que el periodista Miguel Martínez Sarmiento habría sido agredido por elementos de la policía municipal de Naucalpan mientras realizaba su labor informativa, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) inició una investigación de oficio por la presunta vulneración a sus derechos humanos.

Fue la tarde del jueves 23 de julio cuando el comunicador realizaba una cobertura en vivo sobre un homicidio ocurrido en la zona de Echegaray; sin embargo, en el ejercicio de su trabajo fue agredido físicamente por cuatro elementos municipales.

La agresión provocó que el periodista interrumpiera su enlace durante varios minutos, en un caso que representa la presunta obstrucción al ejercicio de su trabajo periodístico y afectar su derecho a informar.

Durante la agresión, los oficiales le arrebataron su teléfono celular para impedir que continuara transmitiendo. Además, intentaron bloquear la cámara con las lámparas de sus celulares para evitar que los hechos quedaran registrados.

En este contexto, el organismo defensor informó que el caso fue turnado a la Visitaduría de Atención y Coordinación Especializada que realizará las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron violaciones a los derechos humanos del comunicador, así como las posibles responsabilidades de los servidores públicos involucrados.

Reiteró que todas las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar el ejercicio libre de la labor periodística, al tratarse de una actividad esencial para la democracia y el acceso de la ciudadanía a la información.

La Codhem subrayó que cualquier acto de agresión, intimidación, censura o acción que obstaculice el trabajo de periodistas representa una posible afectación a la libertad de expresión, por lo que dará seguimiento a la investigación conforme a sus atribuciones.

En el Estado de México, organizaciones defensoras de la libertad de prensa han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para periodistas, especialmente cuando enfrentan actos de intimidación o agresiones por parte de servidores públicos.

(Foto: ilustrativa)