Martha Romero 

Penas de 50 a 70 años de prisión, propuso el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a la persona integrante de cualquier corporación de seguridad pública estatal o municipal que, infringiendo el deber de protección o garante, prive de la vida a otra persona.

El diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador de la bancada perredista, explicó que la iniciativa añade como sanción una multa de mil a mil 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que equivale a una multa de 108 mil 570 pesos y de 162 mil 855 pesos, respectivamente.

Añadió que esta propuesta para reformar el Código Penal del Estado de México suma sanciones similares a la persona servidora pública que otorgue consentimiento, aprobación u orden a cualquier persona para cometer este delito, lo cual es conocido popularmente como ejecución extrajudicial.

El legislador indicó que el órgano jurisdiccional será el encargado de ordenar la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público de forma permanente, así como que este delito no es imprescriptible.

 Refirió que la reforma busca combatir las arbitrariedades y los abusos del poder que terminan con la vida de cientos de personas, por lo cual el reconocimiento de las ejecuciones extrajudiciales, en el Código Penal, es necesario para reforzar el Estado de Derecho y garantizar la justicia.

(Foto: redes, ilustrativa)