Martha Romero 

Debido a nuevas denuncias de presuntos cobros a personas privadas de la libertad por recibir visitas, acceso a celdas, agua y otros servicios al interior del penal de Almoloya de Juárez, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) inició una investigación de oficio.

El organismo informó que tuvo conocimiento de los señalamientos a través de medios digitales y redes sociales, por lo que determinó iniciar diligencias ante la posibilidad de que estas prácticas representen vulneraciones al derecho de las personas internas a una estancia digna y segura.

El expediente fue radicado en la Visitaduría Especializada de Atención a Personas Privadas de la Libertad, instancia que deberá recabar información y determinar, conforme a derecho, si existieron violaciones a derechos humanos.

El caso cobra relevancia debido a que no es la primera ocasión en que se han denunciado presuntos cobros y abusos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez.

En 2025 ya había una investigación de oficio, luego de que familiares de personas recluidas denunciaran cobros por distintos conceptos. En ese momento señalaron que los custodios exigían pagos para ingresar alimentos y artículos de higiene, así como para permitir el acceso de familiares.

La investigación se centró en cobros indebidos por parte de custodios en distintos centros penitenciarios, donde familiares de internos de Santiaguito habían denunciado pagos de hasta mil 500 pesos en cada visita para ingresar alimentos, artículos de higiene e incluso para poder entrar al penal.

Los nuevos señalamientos difundidos en 2026 amplían las acusaciones al presunto cobro por el acceso a celdas, agua y otros servicios dentro del centro penitenciario, aunque no se informó sobre montos, número de posibles afectados o personas servidoras públicas que pudieran estar involucradas.

La investigación tendrá que establecer si los hechos denunciados ocurrieron, quiénes estarían involucrados y si las prácticas señaladas representan una vulneración a los derechos de las personas privadas de la libertad.

(Foto: Especial Portal)