Leobardo Hernández 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que el narcopolicía encerrado en Nueva York, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra deben restituir al gobierno de México 2 mil 488 millones 740 mil 20 dólares por el fraude cometido a la nación a través de una red de empresas fantasma.

De acuerdo con un comunicado emitido por esta instancia, el exsecretario de seguridad del panista Felipe Calderón Hinojosa debe resarcir el daño a las arcas públicas por 748 millones 829 mil 676 dólares; en tanto, Pereyra debe pagar 1,740, millones 25 mil 540 dólares con 20 centavos. 

Esto, a raíz de la resolución de la jueza Lisa Walsh ante la demanda promovida por la UIF en la Corte de Florida, Estados Unidos, desde 2021. “La sentencia es consecuente con 7 resoluciones de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente en contra de García Luna, su esposa y sus 5 empresas como resultado de su omisión de concurrir al juicio”.

En este sentido, explica el documento, “de las resoluciones de culpabilidad citadas, ya fue ejecutada una respecto de la empresa Delta Integrator LLC, propiedad de García Luna y su esposa, de lo que derivó una recuperación de activos que asciende a $1,970,872.72 dólares norteamericanos (un millón novecientos setenta mil ochocientos setenta y dos 72/100 dólares), así como la transmisión de la propiedad de un bien inmueble valuado en $555,800.00 dólares norteamericanos (quinientos cincuenta y cinco mil ochocientos 00/100 dólares). Adicionalmente, como resultado del vencimiento de una hipoteca otorgada a un tercero por la misma empresa, ya se obtuvo una recuperación adicional de $275,000.00 dólares norteamericanos (doscientos setenta y cinco mil 00/100 dólares). Los recursos líquidos recuperados fueron ingresados de inmediato a la Tesorería de la Federación, mientras que el bien inmueble está bajo administración del Gobierno de México para su venta”.

El titular de la UIF, en entrevista con Los Periodistas, detalló que sería imposible que los sentenciados paguen; no obstante, el gobierno de México, a través de la institución que dirige, tiene la potestad de confiscar cualquier activo detectado a nombre del “superpolicía” durante el sexenio de Calderón y su cónyuge, aún cuando éstas sean atribuidas a prestanombres de los inculpados.

(Foto: web)