Diana Solórzano 

Luego de una audiencia que se prolongó durante poco más de 15 horas, un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por el delito de desaparición forzada de personas, bajo la hipótesis de que habría ocultado información relacionada con el caso Ayotzinapa.

La audiencia concluyó alrededor de las 3:00 de la mañana y se llevó a cabo en Almoloya de Juárez, Estado de México. El juez confirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La fiscalía investiga al exmandatario de haber participado en el presunto ocultamiento y destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Durante la audiencia, la defensa de Aguirre Rivero presentó 31 datos de prueba, entre ellos dos testimonios. Su abogado argumentó que el 29 de septiembre de 2014, fecha en la que la fiscalía sostiene que se habría solicitado borrar los videos relacionados con el caso, el entonces gobernador habría sostenido una reunión con Miguel Ángel Osorio Chong, quien en ese momento era titular de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo la publicación de dicha reunión la hizo Aguirre Rivero en el 30 de septiembre a través de sus redes sociales. 

Al término de la audiencia, Guillermo Barradas, defensa legal del exgobernador, cuestionó la resolución y aseguró que durante el proceso se presentaron elementos que, a su consideración, demostraban la existencia de una reunión de alto nivel.

La defensa añadió que la fiscalía pretendió presentar la geolocalización de un teléfono celular que, afirmó, no pertenecía a Aguirre Rivero, por lo que sostuvo que tampoco se acreditaba que el exgobernador estuviera en Chilpancingo el día de los hechos.

Además, indicó que apelarán la resolución y continuarán con los esfuerzos para demostrar su inocencia en la siguiente etapa del proceso.

Al ser cuestionado sobre si tuvo mayor peso la presión social en torno a este caso, el abogado respondió

“Es lamentable el hecho y nos solidarizamos como defensa con lo acontecido con los padres, es muy lamentable y no debería nunca más acontecer ellos merecen que se investigue a profundidad y encontrar la verdad“.

La defensa señaló que no ha podido hablar ampliamente con el exgobernador; sin embargo, al ser cuestionada sobre por qué después de 11 años se retomó el caso con estas evidencias, indicó que desconocen la motivación detrás de ello.

El plazo para la investigación complementaria será de cuatro meses, mientras que la medida de prisión preventiva oficiosa fue ratificada. La defensa legal adelantó que apelará la resolución y señaló que tiene como plazo hasta el próximo lunes para presentar el recurso.

Asimismo, los abogados habrían solicitado prisión domiciliaria para el exmandatario de 70 años, argumentando cuestiones de salud; sin embargo, la petición fue negada.

Durante la audiencia también estuvieron presentes 13 padres de los estudiantes normalistas desaparecidos.

Cabe recordar que el pasado jueves Ángel Aguirre Rivero ingresó al Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez.

Alrededor de las 16:00 horas de ese jueves, acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad, el exgobernador fue trasladado e ingresó al penal de máxima seguridad.

Aguirre Rivero es señalado por presuntamente ocultar evidencia del caso Ayotzinapa, específicamente por encubrir un video que mostraría el momento en que policías detuvieron a los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.

La Fiscalía General de la República sostiene que el exmandatario habría participado en el presunto ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los estudiantes.

Entre las pruebas que presuntamente habrían sido ocultadas se encuentra un video captado por cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, en el que se habría registrado el momento en que el autobús Estrella de Oro 1531, donde viajaban parte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue detenido por policías municipales y estatales.

La fiscalía sostiene que Aguirre Rivero habría ordenado desaparecer las videograbaciones en las que aparecía dicho autobús, cuando era detenido en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.

Durante una conferencia de prensa, la titular de la FGR informó que nuevas líneas de investigación permitieron acreditar la presunta participación del exmandatario estatal en la destrucción de evidencias para esclarecer la desaparición de los estudiantes. Por ello, un juez libró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.

Además, señaló que, en mayo de 2026, un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio al señalar que Ángel ‘N’ ordenó en una reunión con manos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala.

De acuerdo con la acusación, Aguirre Rivero negó la existencia del video “por fallas técnicas” en las cámaras, pero éste habría sido conocido por las autoridades gracias a un testigo colaborador que señaló en 2023 a una tercera persona encargada de sustraer la cinta para entregarla al entonces mandatario. Esta versión habría sido confirmada este año por un segundo testigo.

Ángel Aguirre Rivero desarrolló gran parte de su trayectoria política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque posteriormente llegó a la gubernatura de Guerrero bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Fue gobernador de Guerrero en dos ocasiones. La primera, entre 1996 y 1999, cuando sustituyó a Rubén Figueroa Alcocer tras la masacre de Aguas Blancas.

Su segundo mandato inició en 2011, al ganar la elección con la coalición Guerrero nos Une, integrada por PRD, PT y Convergencia.

Su administración terminó anticipadamente en octubre de 2014, luego de solicitar licencia definitiva al cargo en medio de la crisis provocada por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Aguirre Rivero fue detenido el 6 de agosto de 2026 a las 9:46 horas y quedó a disposición de la Fiscalía/Ministerio Público Federal y posteriormente del Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano.

(Foto: Diana Solórzano)