Martha Romero

Debido a que siete de los ocho integrantes del Cabildo del ayuntamiento de El Oro denunciaron estar bajo presión, intento de cohecho por la detección de una serie de irregularidades en plena revisión estatal a la administración pública municipal, anunciaron que ya presentaron denuncias ante diversas instancias, con lo que la tensión política escaló.

Y es que, a pesar de que el pasado mes de enero el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, se reunió con ambas partes para limar asperezas e incluso designó un enlace, los ediles denunciaron que presuntamente han intentado generar cohecho con regidores para construir mayoría dentro del Cabildo y asegurar el control de decisiones administrativas sin cuestionamientos.

Dicho señalamiento no se limita a la presidenta municipal, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, sino que también alcanza al exdiputado federal, Edgar Eduardo Arenas Madrigal.

Los denunciantes señalaron un presunto intento por “comprar voluntades” para alterar votaciones y frenar contrapesos internos, con el fin de implementar una estrategia política para mantener el control del órgano colegiado en medio de la revisión estatal.

Entre las principales acusaciones están el pago de presuntas obras fantasma, usurpación de funciones en la tesorería, la promulgación ilegal del Bando Municipal sin aprobación del Cabildo, presuntos ofrecimientos indebidos a regidores, así como la presencia de “paleros” en las sesiones.

Los denunciantes advirtieron que, de confirmarse los hechos por las autoridades competentes, podrían configurarse delitos como cohecho, peculado, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, por lo que las consecuencias podrían ir desde inhabilitación y destitución, hasta procesos penales formales.

Una de las denuncias presentadas contra la alcaldesa fue ante la Contraloría del Poder Legislativo por el presunto desvío de recursos destinados al comercio local, donde el síndico municipal, Ubaldo Velázquez Piedra refirió que recabó evidencia audiovisual en la que Díaz Peñaloza admite que maneja los recursos del comercio, declaración que reforzaría el posible uso indebido de fondos públicos.

Aseguraron que este hecho representa un quebranto al erario municipal y podrían constituir delitos tanto de carácter administrativo como penal, por lo que también exigen a la Contraloría del Gobierno del Estado de México para que investigue a fondo y determine responsabilidades.

Informaron que otra de las denuncias de índole penal fue presentada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción estatal, por la probable comisión de delitos en agravio del erario municipal porque la presidenta municipal maneja de manera directa los recursos públicos municipales provenientes del comercio, mismos que no son ingresados ni registrados en la tesorería municipal, ello a pesar de su naturaleza pública.

En dicha denuncia refirieron que desde el pasado 19 de diciembre, la alcaldesa tomó el control directo de las cuentas municipales, negó el acceso al tesorero municipal y realizó pagos sin facultades legales. Además de que el 31 de diciembre se realizaron pagos de obra pública que carecen de contrato y que no fueron licitados.

De igual manera, en un oficio dirigido a Alejandro Viedma Velázquez, subsecretario general de Gobierno recordaron que de acuerdo con los compromisos establecidos con el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quién designó a Edgar Eduardo Arenas Madrigal como enlace, acordaron llevar a cabo una revisión objetiva de diversas acciones administrativas, sustentada en pruebas documentales.

Sin embargo, denunciaron que desde el inicio del proceso, el enlace mostró una postura claramente parcial a favor de la presidenta municipal, sin conducirse como una figura neutral y sin la intención real de cumplir los acuerdos establecidos con el titular de la Secretaría General de Gobierno.