Martha Romero 

El diputado Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que el Congreso del Estado de México deberá esperar a que las autoridades judiciales definan si la presidenta municipal de Capulhuac, Selenne 'N' es sujeta a proceso penal o no, para definir su situación. 

Después de que la alcaldesa fuera detenida y trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, por presuntas lesiones y abuso de poder, reiteró que las autoridades judiciales determinarán si se penalizarán las acciones por las que fue denunciada para establecer si se le quita el cargo.

Lo anterior, dijo, sería en conjunto con el Poder Ejecutivo, aunque también deben determinar si se van a un juicio político por parte del Poder Legislativo, sin embargo, mientras se determina su situación jurídica tienen que respetar su periodo constitucional.

“Si no es sujeta a proceso, tenemos que darle su periodo constitucional, tenemos que esperar que sea realmente un tema penal, si le quitan los derechos políticos o no, si va a seguir participando, esperar la iniciativa del ejecutivo si se da el caso o si nos tenemos que ir a un juicio político por parte del Poder Legislativo”, concluyó.

Cabe señalar que el pasado 2 de mayo, Selenne “N” fue acusada por Miriam “N”, psicóloga del DIF municipal, quien la evidenció a través de un video en redes sociales de presuntamente haberla agredido física y sexualmente, junto con su hija y una oficial identificada como Ana “N”, hechos que se suscitaron al interior de las instalaciones del organismo

Fue detenida el pasado 24 de junio en la Casa de cultura ubicada en el poblado de San Miguel Almaya, por hechos delictivos flagrantes de cohecho y resistencia, por lo que fue presentada ante el Ministerio Público. El miércoles 23 de junio fue trasladada al Penal de Almoloya de Juárez para ponerla a disposición del Órgano Jurisdiccional, quien determinará su situación jurídica.

Por el delito de lesiones podría ser condenada hasta 2 años de prisión y por el ilícito de abuso de autoridad podría ser sentenciada hasta 9 años de cárcel, ello de acuerdo con el Código Penal del Estado de México, por lo que podría obtener una sentencia de hasta 11 años de prisión, destitución e inhabilitación del cargo.