Martha Romero

Con el fin de tener un sistema de información de carácter administrativo y público que contenga la inscripción de personas condenadas y sancionadas en un procedimiento penal por una sentencia ejecutoriada por delitos que implican violencia contra la mujer, la diputada Karla Aguilar Talavera, integrante de la bancada del PRI, planteó la creación del Registro de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres del Estado de México.  

En sesión de la Diputación Permanente se dio lectura a la propuesta que añade que los tipos de violencia que se prevén son aquellos que vulneren el desarrollo de la personalidad, la integridad corporal, las libertades y seguridades reproductivas, la libertad y seguridades sexuales, el desarrollo de la personalidad, la vida, la familia libre de violencia y la subsistencia familiar, así como la violencia política, digital o mediática en razón de género.

La iniciativa que busca reformar la Constitución Política, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal, todos del Estado de México, propone penas de cinco a ocho años de prisión y multa de mil a dos mil veces diario vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quién intervenga, robe, copie, altere, distribuya, compre o venda datos, imágenes, audios o videos de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones o cualquier espacio digital, sin el consentimiento de la víctima, con el objeto de causar daño, perjudicar, ofender o ejercer cualquier tipo de violencia.

Añade que cuando la víctima sea menor de edad o mujer y haya daño a la dignidad, la sanción se aumentará desde una tercera parte de la mínima y hasta dos terceras partes de la máxima, además de que en el caso de que en esta conducta el sujeto activo sea un partido político, precandidato, candidato, servidor público o medio de comunicación, la sanción se incrementará hasta en dos terceras partes. 

También propone de dos a seis años de prisión y de ciento cincuenta a quinientos días de multa, a quien, por cualquier medio, físico o digital, por sí o a través de terceros, realice una acción u omisión, basada en elementos de género que causen daño a una mujer y que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o prerrogativas inherentes a un cargo público. 

La propuesta refiere que en la legislación estatal no se reconoce la violencia digital y de acuerdo con el informe “Ciberviolencia y ciberacoso contra las mujeres y niñas en el Marco de la convención de Belém Do Pará (2022)" refieren que entre las formas que se comete violencia contra las mujeres a través de medios electrónicos están el odio viral en contra de las mujeres con proyección pública, expulsión y derribo de espacios de expresión de mujeres, campañas de desprestigio, entre otros. 

Indica que la violencia contra las mujeres en el espacio digital tiene efectos innegables, pues el 28% de las mujeres que fueron objeto de violencia en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha reducido su presencia en línea de manera voluntaria, en México al menos 9 millones de mujeres han vivido violencia digital, lo que representa un 30.8% y el 88 % de las mujeres sufren abusos y ciberacoso tras la publicación de contenidos feministas.

(Foto: cortesía)