Diana Solórzano

Bajo la premisa de justificar un presunto desfalco financiero en la administración municipal, la alcaldesa de Tenancingo y otras cinco personas habrían planeado un secuestro en el que se exigirían 40 millones de pesos como supuesto rescate, recursos que presuntamente saldrían del propio Ayuntamiento, de acuerdo con las investigaciones de la fiscalía mexiquense. 

De acuerdo con la autoridad, el hecho habría sido creado como una simulación de secuestro para dar apariencia de un delito real y, con ello, sostener la exigencia del dinero. Esta línea de investigación se fortaleció a partir del análisis de videograbaciones, entrevistas y el cruce de comunicaciones telefónicas entre los presuntos implicados entre ellos el cuñado y esposo de la alcaldesa.

La fiscalía detalló que el estudio del material videográfico permitió advertir inconsistencias con la versión inicial de la privación de la libertad de la alcaldesa, ya que no se observaron actos de violencia física, sometimiento o resistencia. Por el contrario, en las imágenes se aprecia que la víctima desciende de su vehículo sin signos de forcejeo, lo que llevó a considerar la probable simulación del delito.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 31 de mayo, cuando la presienta municipal señaló que fue interceptada afuera de su domicilio en el municipio de Tenancingo por personas armadas que la obligaron a abordar un vehículo. Sin embargo, las indagatorias posteriores refieren una dinámica distinta a la denunciada inicialmente.

La investigación también estableció que el dispositivo móvil utilizado durante el supuesto secuestro presentó desplazamientos hacia la Ciudad de México y posteriormente al estado de Oaxaca, donde permaneció activo varios días, lo que reforzó las dudas sobre la narrativa del secuestro.

Asimismo, se identificaron comunicaciones previas entre los implicados, así como la presunta participación de familiares y allegados en la planeación del hecho. Entre los datos recabados, la fiscalía señaló que el vehículo utilizado era operado de manera habitual por una de las personas ahora detenidas.

De acuerdo con la dependencia, en el esquema habrían participado seis personas, entre ellas Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, quienes ya fueron detenidos en coordinación con autoridades del estado de Oaxaca. Además, existen órdenes de aprehensión vigentes contra otros dos implicados, mientras que la alcaldesa fue citada a audiencia de imputación.

La dependencia también informó que el caso fue judicializado por el delito de simulación de secuestro, y que los imputados podrían enfrentar sanciones que van desde años de prisión hasta trabajo comunitario, conforme a la legislación en materia de secuestro.

En paralelo, se investiga la posible afectación de 40 millones de pesos al erario municipal, por lo que el caso fue turnado a instancias anticorrupción y de fiscalización del Estado de México.