Martha Romero 

A pesar de que el pasado 20 de marzo entró en vigor la reforma para tipificar y castigar la violencia vicaria en el Estado de México, las víctimas no pueden acceder plenamente a la justicia porque las autoridades ministeriales aún no cuentan con los mecanismos necesarios para iniciar carpetas de investigación bajo esta figura jurídica, denunció la colectiva Mamá no se Rinde. 

De acuerdo con la colectiva, en la entidad han registrado por lo menos 20 casos de mujeres que han intentado denunciar hechos relacionados con violencia vicaria y no han podido hacerlo porque el delito aún no aparece de manera operativa en los catálogos utilizados por las áreas de procuración de justicia, situación que ha derivado que los asuntos sean canalizados como “casos de violencia familiar”.

Esta problemática ha generado preocupación entre las víctimas, ya que el retraso en la aplicación efectiva de la reforma dificulta la recuperación de hijas e hijos sustraídos y prolonga los procesos legales, además de que mantiene a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad frente a sus agresores.

La organización señaló que mientras persistan las fallas administrativas y la falta de capacitación institucional, la violencia vicaria continuará sin ser atendida con la dimensión que requiere, ello a pesar de que ya existe un marco legal para perseguirla y sancionarla.

El colectivo es integrado por aproximadamente 100 mujeres que han enfrentado este tipo de violencia, algunas de ellas con procesos que se han prolongado durante más de una década, por lo que hicieron un llamado a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como a las autoridades ministeriales, para acelerar la adecuación de procedimientos y garantizar la correcta aplicación de la ley.

También insistió en la necesidad de capacitar al personal encargado de la procuración de justicia para evitar criterios erróneos y asegurar una atención especializada, además de reiterar la propuesta de crear mecanismos de observación y acompañamiento institucional.

Estimaciones de organizaciones especializadas, en el Estado de México hay más de 600 mujeres que actualmente sufren de violencia vicaria, mientras que a nivel nacional la cifra supera los cinco mil casos, lo que evidencia la magnitud de un problema que comienza a contar con herramientas legales para combatirla. 

Cabe recordar que en la entidad se reformó el Código Penal, el Código Civil y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que contemplan penas de entre 4 y 8 años de cárcel a quien utilice a hijas, hijos, familiares o personas cercanas para causar daño físico o psicológico a una mujer.

Además, los agresores pueden enfrentar sanciones económicas de 500 a mil 500 días de salario y la pérdida de la patria potestad, además de que los responsables quedan sujetos a tratamiento psicológico o reeducativo y se establecen órdenes de protección.

(Foto: Especial Portal)