Martha Romero

Ante la falta de atención, la ausencia de resultados y presuntas irregularidades en la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el diputado Octavio Martínez Vargas indicó que valorará impulsar mecanismos legales desde el Congreso Mexiquense que incluyan un posible juicio político para revisar la permanencia del titular de la institución.

“El fiscal [José Luis Cervantes Martínez] ya no debe estar aquí”, aseveró el prosecretario de la comisión de Procuración y Administración de Justicia e integrante del grupo parlamentario de Morena, al tiempo de exigir respuestas inmediatas y poner fin a la omisión institucional.

Tras más de dos meses, integrantes del colectivo Haz Valer mi Libertad han permanecido en plantón frente a la FGJEM sin ser atendidos por Cervantes Martínez, por lo que, junto con la diputada Ana Yurixi Leyva Piñon, diputada del Partido del Trabajo (PT), exigieron la atención inmediata de los casos y la apertura de un canal de diálogo con las familias.

Durante el encuentro donde los legisladores locales, junto con integrantes del colectivo, intentaron establecer un diálogo directo. El personal de la FGJEM negó el acceso y cerró cualquier posibilidad de interlocución, tampoco fue designado ningún funcionario para atender a los familiares de los injustamente presos.

Ante ello, Martínez Vargas señaló que la falta de apertura institucional, tras más de dos meses de plantón, constituye una omisión grave que mantiene a las personas sin atención ni canales efectivos de respuesta.

Resaltó que el objetivo es acreditar casos concretos con elementos suficientes para ser evaluados en los mecanismos legales vigentes, pues la reciente reforma en materia de amnistía reconoce deficiencias del sistema judicial, incluidas irregularidades en la integración de carpetas de investigación.

Explicó que los expedientes podrán canalizarse a la Defensoría Pública del Estado de México, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y a la comisión de Amnistía, instancias que podrán emitir opiniones y recomendaciones para que el Poder Judicial revise los casos.

Martínez Vargas indicó que se buscará establecer mesas de trabajo con autoridades, incluida la Secretaría de Seguridad, para analizar caso por caso, particularmente en situaciones de personas trasladadas a penales federales sin justificación.

Señaló que uno de los ejes de la protesta es la presunta fabricación de delitos por parte de la autoridad ministerial, práctica que ha sido recurrente en diversos casos, razón por la que ya existe una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México para sancionar la fabricación de delitos, lo que representa un reconocimiento institucional de esta problemática.

Al respecto, precisó que estas decisiones corresponden al sistema penitenciario, dependiente de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), por lo que buscarán la intervención de esta instancia para revisar los casos y, en su caso, gestionar su retorno a la entidad mexiquense.

Además, dijo, existen casos en los que personas habrían sido procesadas injustamente, así como situaciones recientes en las que integrantes de grupos de autoayuda fueron detenidos y trasladados a reclusorios, lo que refleja posibles irregularidades.

(Foto: Martha Romero)