Martha Romero
La atención a personas con adicciones, particularmente de adolescentes y jóvenes que presentan intoxicaciones o complicaciones por consumo de sustancias, debe contar con protocolos médicos actualizados y criterios que garanticen sus derechos humanos, planteó la diputada Jennifer González López.
Como parte de esta propuesta, informó que presentó un exhorto dirigido a la Cámara de Diputados federal para fortalecer los mecanismos de atención a personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas, principalmente cuando se encuentren en situaciones de urgencia o riesgo.
Resaltó que su planteamiento también solicita a la Secretaría de Salud federal que informe sobre los avances en la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, relacionada con la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de personas con adicciones.
Expuso que alrededor de tres de cada 10 adolescentes consumen alguna sustancia psicoactiva, como alcohol, tabaco, vaporizadores o medicamentos sin receta. Además, 33.9% de la población de entre 12 y 17 años en México ha ingerido alcohol al menos una vez.
Señaló que a este panorama se suma el incremento de fallecimientos por sobredosis entre adolescentes y jóvenes, relacionado principalmente con el consumo de fentanilo y la combinación de distintas sustancias.
González López explicó que el abuso de sustancias puede ocasionar daños en las capacidades cognitivas, emocionales y conductuales, además de afectar el juicio, la percepción de la realidad y la toma de decisiones, aunque en casos graves puede derivar en intoxicaciones severas, episodios psicóticos y comportamientos que ponen en peligro la integridad y la vida.
Por ello, consideró necesario que los servicios de urgencias cuenten con personal capacitado y procedimientos adecuados para atender estas situaciones, así como prevenir consecuencias fatales.
Añadió que su propuesta contempla revisar los criterios técnicos, clínicos y procedimentales de la norma para que estén armonizados con la Ley General de Salud en aspectos como el consentimiento informado, atención de emergencias, supervisión de establecimientos y garantías de los derechos humanos de quienes reciben tratamiento.
Por último, planteó que la atención se rija por los principios de autonomía personal, necesidad y proporcionalidad, con el propósito de contar con disposiciones que respondan a las necesidades de la población, particularmente de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad.
(Foto: Especial Portal)
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