Martha Romero 

Entre 2018 y 2024, la Secretaría de Salud del Estado de México registró 41 mil 261 egresos hospitalarios de atención por aborto, además de 179 egresos hospitalarios de atención por aborto bajo la causal de violación, reveló el estudio ‘Navegando Obstáculos: Acceso al aborto en el Estado de México’, elaborado por la Organización Internacional Human Rights Watch.

Cristina Quijano Carrasco, investigadora de la División de Derechos de las Mujeres de la organización, agregó que el Estado de México, el más poblado del país, tiene un papel central en la configuración del panorama político y la conducción legislativa del país; sin embargo, a pesar de los avances conseguidos a nivel nacional en el reconocimiento del acceso al aborto como un derecho constitucional y humano, la legislación vigente continúa criminalizando el aborto.

Aclaró que sus excepciones son en casos de acción culposa, cuando el embarazo es resultado de violación, cuando existe riesgo para la vida de la mujer embarazada o cuando el producto sufre de alteraciones genéticas o congénitas, pero, a pesar de estas causales, instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no brindan el servicio.

Resaltó que en un contexto de alarmantes índices de violencia de género, incluyendo feminicidios y violencia sexual, las restricciones de acceso al aborto agravan incluso más la discriminación contra mujeres y niñas en el estado, pues la Ciudad de México ofrece servicios de aborto sin restricciones hasta la semana 12 de embarazo, lo cual denota las profundas diferencias en la protección de los derechos reproductivos entre los distintos estados mexicanos.

Quijano Carrasco aseveró que la despenalización del aborto en el Estado de México es un paso fundamental para garantizar el acceso a este servicio de salud, además de que las instituciones de salud, tanto estatales como federales, deben seguir trabajando en conjunto para que las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes tengan acceso a servicios de aborto sin discriminación.

Incluso, dijo, en los casos comprendidos bajo las causales determinadas por la legislación estatal, los obstáculos persisten para quienes buscan obtener un aborto legal, pues los prejuicios de género y el estigma social dificultan el acceso a atención médica necesaria, como lo demuestran reportes sobre proveedores de salud que niegan o demoran servicios, no transmiten información necesaria, cuestionan a sobrevivientes de violencia sexual y someten a mujeres a maltratos. 

A su vez, señaló que algunos hospitales y proveedores de salud imponen requisitos arbitrarios que contravienen o menoscaban la ley o los reglamentos existentes, limitando aún más el acceso, por ejemplo, si bien la ley no exige autorización parental para que adolescentes mayores de 12 años puedan acceder al aborto, Human Rights Watch encontró que algunos proveedores de salud exigen ilegalmente autorización parental para adolescentes menores de 18 años. 

Además, indicó que algunos proveedores de salud exigen que las personas sobrevivientes de violencia sexual que denuncien sus casos a las autoridades antes de acceder a servicios de aborto, a pesar de que la legislación no requiere realizar tal denuncia. 

Por último, refirió que el temor a consecuencias legales disuade aún más al personal de salud de prestar servicios y a usuarias de buscar atención en aborto, ya que las instituciones de salud también tienen que lidiar con falencias en cuanto a capacidad e infraestructura, incluyendo escasez de personal.

(Foto: Especial Portal)