Martha Romero 

Con el fin de cerrar espacios de discrecionalidad, fortalecer la vigilancia del dinero público y dar mayor certeza al manejo financiero de los municipios, el diputado Javier Cruz Jaramillo, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en materia de designación, control y responsabilidad de la tesorería municipal.

En sesión de la Diputación Permanente donde fue planteada la propuesta de reforma, se expuso que el propósito es establecer reglas más claras para el nombramiento, evaluación, separación provisional y, en su caso, remoción de las personas titulares de las tesorerías municipales.

La iniciativa destaca que la tesorería municipal tiene una función estratégica, ya que es responsable de la recaudación de los ingresos y de realizar las erogaciones autorizadas por el ayuntamiento, por lo que su desempeño incide directamente en los servicios públicos, la obra municipal, la estabilidad financiera y la confianza de la ciudadanía.

Propone que el nombramiento y remoción de la persona titular de la tesorería municipal se realice únicamente mediante acuerdo de Cabildo aprobado por mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, con el fin de que esta decisión sea colegiada, responsable e institucional.

También establece que los integrantes del ayuntamiento podrán incurrir en responsabilidad administrativa, civil o penal cuando, con dolo, conflicto de interés o negligencia grave, autoricen, toleren o mantengan un nombramiento que genere daño, menoscabo o riesgo para la hacienda pública municipal.

Busca elevar el perfil profesional y de confianza de quienes ocupen las tesorerías municipales, al incorporar requisitos como evaluación de confianza aprobatoria, dictamen de idoneidad técnica y financiera, constancia de no antecedentes penales, declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, así como una comparecencia pública ante el Cabildo para exponer su perfil y plan de trabajo.

Contempla mecanismos preventivos para actuar ante riesgos o irregularidades financieras. En estos casos, el ayuntamiento podrá acordar la separación inmediata y provisional del titular de la tesorería municipal como medida cautelar, sin prejuzgar responsabilidades y garantizando el derecho de audiencia.

Explica que la remoción definitiva, en cambio, sólo procedería después del procedimiento administrativo correspondiente, con pleno respeto al debido proceso. Con ello, se distingue entre una acción preventiva para proteger los recursos públicos y una consecuencia derivada de responsabilidades acreditadas.

Para evitar que la administración municipal se paralice, la propuesta también prevé la figura de encargado de despacho de la tesorería municipal, quien asumiría funciones temporales y limitadas para garantizar la continuidad del manejo ordinario de la hacienda pública.

Resalta que la iniciativa no busca criminalizar ni prejuzgar conductas, sino construir un modelo institucional de prevención, control y responsabilidad que permita proteger los recursos municipales, fortalecer la transparencia y asegurar que el dinero público se administre con eficacia y en beneficio de la ciudadanía.

De aprobarse la propuesta, el decreto entraría en vigor el 1 de enero de 2028, para que sus disposiciones sean aplicables a partir de la próxima administración municipal, garantizando una transición ordenada y certeza jurídica.

(Foto: Especial Portal)