Martha Romero

La Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), que ordenó al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) la designación de un interventor para iniciar el proceso de liquidación Nueva Alianza Estado de México, ello derivado de que no obtuvo el 3% de la votación distrital en las elecciones del pasado 2 de junio. 

En respuesta a dicha resolución, Nueva Alianza acusó que enfrenta una grave injusticia con la decisión de la Sala Regional del TEPJF porque es una clara muestra de corrupción y manipulación política con la designación de un interventor para supervisar directamente los recursos y bienes del partido, con lo que pretenden iniciar el procedimiento de liquidación.

A través de un comunicado, señalaron que el pasado 2 de junio más de 250 mil mexiquenses votaron por el instituto político, con lo que demostraron que su proyecto político es relevante y necesario para la entidad, sin embargo, la decisión de la Sala Toluca no sólo desprecia el mandato democrático otorgado por los votantes, sino expone la profunda corrupción que guía a este órgano judicial que está subordinado a intereses políticos más que a un verdadero compromiso con la democracia. 

“Nos oponemos firmemente a esta resolución, misma que consideramos arbitraria y antidemocrática. Es evidente que los tribunales electorales se guían por intereses oscuros, y están más preocupados por complacer a ciertos poderes que por respetar la voluntad popular”, resalta.

Tras afirmar que no se dejarán amedrentar por estas acciones, reafirmaron su compromiso de defender los derechos tanto de sus simpatizantes como de sus militantes, por lo que están preparados para agotar las instancias legales necesarias para revertir esta decisión que consideran injusta y hacer que se respeten sus derechos político-electorales.

Dijeron confiar en que la verdad y la justicia prevalecerán, aunque saben que enfrentan a un sistema judicial corrupto, pues la realidad es que estos tribunales, lejos de ser guardianes de la democracia, actúan como peones de intereses particulares y políticos, desviándose de su verdadera función.

(Foto: redes)